Colombia vive momentos convulsionados ante el paro camionero que se desarrolla en diferentes partes del país, situación se dio por el rechazo de los transportadores de carga al aumento de $1.904 que estableció el Gobierno nacional al galón de Acpm (diésel), lo que lo dejó en promedio a nivel nacional de $11.360.
Ante esto, son diversas las voces a favor y en contra del accionar de quienes protestan, ya que los más afectados, como siempre, terminarán siendo los colombianos, ya sea por la movilidad o por el precio de los alimentos, ante un posible desabastecimiento.
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Por ello, el Consejo Gremial Nacional (CGN) se manifestó y rechazó la situación.
“Los 32 gremios que conforman el Consejo Gremial Nacional rechazan enfáticamente los bloqueos que se vienen presentando en diferentes partes del país. En el marco del ejercicio del derecho a la protestas pacífica no pueden vulnerarse otros derechos fundamentales de la sociedad, como la libertad de circulación, el derecho al trabajo, el acceso a los alimentos y los servicios esenciales”, expuso la entidad que preside Bruce Mac Master, que también preside a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), en un escueto comunicado.
Por lo tanto, este invitó al Gobierno nacional y a los transportadores a activar mecanismos efectivos de diálogo y concertación que permitan una solución.
Derechos de los ciudadanos
De igual manera, Mac Master se pronunció por medio de X y anotó que siempre ha defendido el derecho a la protesta, pero también siempre ha defendido los derechos del resto de ciudadanos en casos de protesta.
Dijo que “los derechos de unos llegan hasta donde llegan los derechos de otros”. Además, el empresario dejó claro que la libre movilidad, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho al estudio, no pueden ser vulnerados.
Con esto, confirmó lo que dijo el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a Blu Radio, sobre una posible violación a los derechos humanos ante las movilizaciones.
El funcionario apuntó que “la reacción del gremio del transporte es excesiva”.
Además, lamentó que “están, totalmente, paralizando el país sin tener en cuenta las necesidades de la población para ir al trabajo, para moverse los niños, etc. Ya he visto que hay violación de derechos humanos en varias de estas movilizaciones”.
Crimen del Gobierno Petro
No obstante, sobre la medida que tomaron los transportadores hay quienes la respaldan. Uno de ellos es el representante a la Cámara Miguel Polo Polo.
Señaló que subirle al Acpm es subirle el precio a los alimentos de la canasta familiar, lo que calificó como un “crimen”.
“Es un crimen hacer eso y más cuando los hogares están en plena crisis, donde a la clase media por primera vez le toco endeudarse para pagar el impuesto de renta y en donde la gasolina ya está en sus máximos históricos. Este Gobierno le da palo al pobre para ellos vivir como oligarcas”, escribió por medio de X.
Subsidio del diésel equivale a dos reformas tributarias
Por otro lado, el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry criticó que en dos años se han pagado $35 billones en subsidios al diésel y en 2024 ya serán $45 billones, que significan dos reformas tributarias.
Aseguró que “si esto estuviera justificado, por qué no subsidiar los tomates, la leche, la sal, etc. Los precios deben reflejar los costos de eficiencia para poner las cosas a disposición de los consumidores”. Anotó que el Gobierno no debe, a dedo, distorsionar ese sistema de precios; cuando lo hace incurre en tremendos costos que cubren los contribuyentes
Adicionalmente, que Ecopetrol financia por 12 meses este subsidio al Ministerio de hacienda, algo que lo dejó sin caja para buscar gas y desarrollar el ya descubierto.
“Un subsidio de esa magnitud tiene efectos colaterales mayúsculos”, puntualizó Juan Carlos Echeverry. Señaló que, de hecho, engañar a los transportadores, los generadores de carga y los consumidores sobre el verdadero costo de transportar cosas es una mayúscula equivocación.
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