José Antonio Salazar criticó a la Cancillería por su gestión de los pasaportes: “Se formó un enredo jurídico”

En medio del pleito jurídico que enfrenta el Gobierno nacional con la firma Thomas Greg & Sons por el incumplimiento del contrato, el exsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar, se refirió al futuro de la expedición de pasaportes en Colombia una vez termine el contrato actual de impresión el 2 de octubre de 2024.

En ese sentido, Salazar, en diálogo con W Radio, dijo que, de no resolverse el asunto, a partir del 3 de octubre, “se produciría un desabastecimiento de pasaportes y una suspensión del servicio público, cosa que no puede llegar a ocurrir”, advirtió.

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Dado que el tiempo para resolver el conflicto es cada vez menor, Salazar, que fue declarado insubsistente por el presidente Gustavo Petro tras haber adjudicado la licitación de pasaportes a la empresa Thomas Greg & Sons, señaló que la manera de evitar una crisis es que la Cancillería continúe adelantando las gestiones para garantizar la continuidad del servicio.

Después de un año de la crisis que sacó a Álvaro Leyva de la Cancillería y causó una demanda de $120.000 millones del contratista al Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores no ha encontrado una empresa que solucione el contratiempo del suministro de pasaportes.

A propósito, sobre si los tiempos serían suficientes para hacer toda la acomodación necesaria y estar listos para la impresión de las libretas, Salazar sostuvo que ese proceso de licitación requiere más de un año.

“Eso es precisamente lo que está ocurriendo con el proceso de licitación: fue iniciado en diciembre del año 2022 con la publicación del plan de necesidades de la Cancillería, esa es la etapa de planificación. Luego hicimos los estudios de mercado y solo hasta marzo o abril de 2023 se adelantó ese proceso que llegó hasta el mes de septiembre, cuando fue declarado desierto”, explicó Salazar.

Por tal razón, dijo que un proceso de licitación “serio y de esa naturaleza” necesita, como mínimo, de diez meses para su ejecución, “que era lo que el entonces canciller Álvaro Leyva había previsto cuando, después de declarar desierta la licitación, se reabrió un nuevo proceso licitatorio y se hizo el contrato de urgencia manifiesta por término de un año”.

Con relación a la mesa que convocó la Procuraduría General de la Nación en la que participarán los delegados de Tomás Greg & Sons y de la Cancillería para encontrar una solución en el escenario de una eventual crisis en la elaboración y entrega de pasaportes, Salazar dijo que esta debe ser “exclusivamente jurídica”, resaltó el exfuncionario.

Y agregó que, “el tema tecnológico hace mucho rato está definido en el pliego de condiciones que existió en el proceso de licitación que me correspondió mientras era secretario general”. A su vez, el exfuncionario aseguró que en la Cancillería formaron “un enorme enredo jurídico después de mi salida”.

Sobre la alternativa de si la Imprenta Nacional puede asumir esa responsabilidad junto con un aliado estratégico de otro país, Salazar afirmó que no lo ve posible. “Trataron de acudir al mecanismo de la Imprenta Nacional porque esta tiene un sistema de contratación que se rige por el derecho privado y, por lo general, ha celebrado esos contratos administrativos como un intermediario más para buscar al privado. Es una forma de distraer el proceso de licitación pública que la norma manda”, indicó.

Finalmente, Salazar advirtió que “la expedición de pasaportes no es una tarea fácil, es compleja y necesita mucha tecnología”. Por consiguiente, dijo que, con lo que ha ocurrido, “está establecido que no hay en Colombia otro proveedor y se desvirtúan todos los cargos al proceso literario en el sentido de que estaba dirigido o que estaba dándole gavelas a determinado postor que, finalmente, terminó siendo el único habilitado por haber cumplido con la total de los requisitos”, puntualizó el exfuncionario.