En un reciente análisis del catastro multipropósito propuesto por el Gobierno de Gustavo Petro, se destaca la preocupación del expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre la sostenibilidad del pago de impuestos.
Según una publicación hecha a través de su cuenta de X, Uribe afirmó que los impuestos, en futuros escenarios, serían “insostenibles”. El expresidente advirtió que este cambio fiscal podría desmontar la inversión productiva, destruir empleos y reducir las oportunidades de la clase media, generando una ola de contribuyentes morosos tanto a nivel nacional como municipal.
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El Gobierno nacional presentó una nueva ley de financiamiento durante el segundo período legislativo del año, bajo la premisa de impulsar la reactivación económica frente a los indicadores negativos observados desde principios del año. La reforma plantea aumentar la presión fiscal sobre las personas naturales y aliviar las cargas impositivas para las empresas, con el objetivo de facilitar nuevas inversiones que estimulen la economía y las finanzas nacionales.
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Entre las principales medidas de esta iniciativa está la reducción de la tasa de impuesto sobre la renta para las empresas. Esta iniciativa busca ofrecer mayor flexibilidad al sector privado, aumentando su capacidad de emprendimientos productivos.

“Puede ser que ahora se alcance a pagar impuestos, pero son insostenibles. No habrá manera de pagarlos en nuevas ocasiones. Esto acabará con la inversión productiva, con el empleo, con las posibilidades de la clase media. La nación se llenará de contribuyentes morosos y los municipios también dado el avalúo del catastro multipropósito”, dijo Uribe.
Del mismo modo, en un video publicado en la misma red social abordó este tema con más profundidad indicando que: “Los colombianos asfixiados por los impuestos y el Estado inundado por el derroche, puede que haya dinero para pagar los impuestos en esta ocasión, pero con ese nivel tan alto, con los esfuerzos que están haciendo los ciudadanos, además, endeudándose para cumplirle al Estado no va a ver manera de pagar esos impuestos en ocasiones futuras”, dijo el expresidente Uribe.
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“Entonces que va a ocurrir: se paraliza la inversión, se frena la generación de empleo, se marchitan las posibilidades de la clase media, el Estado va a llenarse de contribuyentes forzosos, no porque no quieran pagar sino porque no pueden pagar y también los municipios, los municipios verán crecer todos los días su cartera morosa de los contribuyentes de catastro por el error de ese catastro multipropósito tan elevado, Colombia necesita bajar los impuestos y necesita eliminar el derroche en el sector público”, concluyó el exjefe de Estado.

Sin embargo, persisten las inquietudes sobre el impacto de la reforma en los contribuyentes individuales. Según el director de la Dian, Jairo Orlando Villabona, quien reemplazó a Luis Carlos Reyes en el cargo, ciertos beneficios fiscales se eliminarían. Villabona afirmó que el IVA no sufrirá modificaciones y que la base de contribuyentes no se ampliará. También aclaró que el impuesto del 4x1.000 no será eliminado debido a la necesidad crítica de controlar adecuadamente la evasión fiscal.
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Así mismo, el director de la Dian explicó que muchos beneficios fiscales actuales están debilitando la base tributaria y que, para otorgar nuevos beneficios, se debe realizar un análisis riguroso de costo-beneficio. Además, sugirió que, si dependiera de él, incentivaría la industria y la agroindustria, reduciría el impuesto para las empresas del 35% al 25% y eliminaría la mayoría de los beneficios fiscales. No obstante, subrayó que estas ideas no forman parte del actual proyecto de reforma.

En un entorno en el que el Ministerio de Hacienda, encabezado por Ricardo Bonilla, enfrenta retos significativos para financiar el presupuesto de 2025, recortes en diversas áreas del gabinete han sido necesarios. Con la reforma fiscal en curso, la administración Petro busca equilibrar la necesidad de un marco tributario eficiente con el impulso de un entorno económico favorable.
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La incertidumbre sobre cómo impactará esta nueva estructuración tributaria en individuos y empresas se mantiene como tema central dentro del debate público y político. Las opiniones están divididas y los sectores implicados aguardan con cautela las futuras decisiones legislativas y su implementación.
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