Preocupa la salud mental de niños y jóvenes en Colombia: 1.601 menores se han quitado la vida en los últimos años

El aumento de los casos de suicidio en niñas, niños y adolescentes en Colombia prendió las alarmas en la Defensoría del Pueblo. Según datos del Instituto Nacional de Salud (INS) entre 2019 y 2023, se registraron 51.373 intentos de suicidio en personas de entre 5 y 17 años.

En el mismo periodo, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reportó 1.601 suicidios en esta franja de edad.

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Ante estas cifras, la Defensoría del Pueblo pidió una respuesta urgente y coordinada de la sociedad y el Estado para abordar esta problemática desde una perspectiva de derechos humanos pues, entre de los factores que inciden en los intentos de suicidio o casos de suicidio consumado, se destacan aspectos familiares, individuales, comunitarios e institucionales, además de diversas formas de violencia.

Durante una audiencia con autoridades nacionales y organizaciones defensoras de los derechos de la infancia y adolescencia, la Defensoría presentó el informe titulado ‘Suicidios de niñas, niños y adolescentes en Colombia: un acercamiento a una problemática invisible’.

En este documento, se hicieron recomendaciones para enfrentar adecuadamente la cuestión del suicidio en jóvenes, entre ellas, la importancia de que el Ministerio de Salud establezca protocolos claros y mecanismos de coordinación efectivos para garantizar una respuesta integral y oportuna que aborde las necesidades de salud mental de las niñas, niños y adolescentes en Colombia.

Faltan especialistas en salud mental

El informe defensoríal también reveló una carencia significativa de psiquiatras especializados en Pediatría en Colombia, en una problemática que afecta la atención adecuada en situaciones de salud mental infantil.

Para el año 2022, solo se contaban con 96 especialistas en todo el país. Sin embargo, no había psiquiatras en departamentos con altas tasas de suicidio, como Putumayo, Guainía, Guaviare y Vaupés.

Las cifras de mortalidad por suicidio en menores de edad reflejan disparidades preocupantes. A nivel nacional, la tasa es de 2 por cada 100.000 niños, niñas y adolescentes; pero en los departamentos mencionados, las tasas son considerablemente más altas: Putumayo presenta una tasa de 8,3, Guainía de 8, Guaviare de 5,8 y Vaupés de 4,3.

Ante esta situación, la Defensoría recomendó implementar medidas para fomentar el estudio de la Psiquiatría Pediátrica. El objetivo es aumentar a mediano y largo plazo el número de especialistas en todo el país, con especial énfasis en las regiones de difícil acceso donde la necesidad es más urgente.

El suicidio en comunidades indígenas

La problemática evidenciada también incluye un alarmante incremento en los intentos de suicidio entre niñas, niños y adolescentes indígenas. Según el reporte de la Defensoría, los casos aumentaron en un 30% en un año, pasando de 237 intentos en 2022 a 308 en 2023.

Para la entidad defensora de derechos humanos, esta problemática debe abordarse sin discriminación, al asegurar una atención integral para todos, independientemente de su edad, etnia o grupo socioeconómico.

Lo anterior, en sintonía con lo dispuesto por la Convención sobre los Derechos del Niño y otras normativas nacionales que subrayan la importancia de que los menores crezcan en un entorno que promueva su desarrollo integral.

Otras recomendaciones al Gobierno y entes territoriales

La Defensoría del Pueblo instó a los ministerios de Salud y Educación, secretarías de Salud y autoridades del orden departamental y municipal a trabajar de manera articulada, a partir de sus diferentes funciones, en estrategias integrales de prevención del suicidio infantil.

También les pidió crear sistemas consolidados de información que permitan evidenciar tan grave vulneración de derechos, así como hacerles seguimiento y monitoreo a las acciones ejecutadas.

“El curso de la vida de la infancia y adolescencia es fundamental para el desarrollo humano, por lo que su bienestar debe ser prioridad. En consecuencia, la familia, la sociedad y el Estado son responsables de la creación de entornos y espacios seguros que les permitan a NNA crecer y desarrollar sus proyectos de vida de forma integral y con plena garantía de sus derechos”, indicó la Defensoría.