Por someter al “cepo” a un habitante de calle, denuncian penalmente a indígenas Emberá en Bogotá

Un nuevo escándalo salpica a las comunidades indígenas que están asentadas en el Parque Nacional, en pleno corazón de la capital del país.

De acuerdo con información que fue revelada desde la Secretaría de Integración Social, las autoridades indígenas ubicadas en ese sector habrían usurpado funciones públicas al castigar, a su manera, a un habitante de la calle.

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Desde la Secretaría informaron que se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por la presunta “usurpación de funciones públicas por parte de algunos miembros de la comunidad Emberá”, quienes castigaron fuertemente a un hombre que no hace parte de su grupo.

Según la entidad, el incidente ocurrió el 25 de julio de 2024, cuando ciertos integrantes de la comunidad supuestamente sometieron a un ciudadano habitante de la calle al “cepo”, un instrumento utilizado por la jurisdicción indígena para castigar.

El equipo de abordaje territorial de la Secretaría intervino en la situación, ofreciendo al ciudadano el servicio del Hogar de Paso Los Mártires, según reportó la institución.

Estas acciones forman parte de las medidas permanentes de la Administración Distrital en el Parque Nacional a través del Puesto de Mando Unificado (PMU). Este centro de control incluye la participación de varias secretarías distritales y entidades como la Policía de Infancia y Adolescencia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), resaltaron desde la entidad.

“Integración Social está comprometida con la garantía de los derechos de los ciudadanos y hace un llamado para que los conflictos que se presenten en el Parque Nacional y en la Ciudad, se resuelvan a través de las autoridades competentes”, añadieron desde la Secretaría, a través de un comunicado.

Extesorera de un cabildo indígena fue sometida al mismo castigo

Un caso en el que también se usó el “cepo” ocurrió en marzo de este año, cuando una extesorera indígena del cabildo Villa Fátima, ubicado en el municipio de La Unión, Sucre, fue castigada por la pérdida de 360 millones de pesos que habían sido donados por una petrolera.

La extesorera indígena responsable de custodiar el dinero afirmó que varios sujetos sustrajeron los montos en ambos episodios. Sin embargo, la comunidad indígena desconfió de su versión y en su momento aseguraron que pudo haber estado involucrada en la desaparición de los fondos. Debido a estas sospechas, miembros de la comunidad la sometieron a un castigo tradicional.

El medio local El Heraldo reportó que la extesorera fue inmovilizada en un cepo de madera para sus pies, en un acto que comenzó la tarde del 13 de marzo de 2024. Aunque el tiempo exacto de su sometimiento no se conoce, se informó que, tras su liberación, fue entregada a las autoridades judiciales para investigar su posible responsabilidad en la pérdida del dinero.

Como esos dos se han conocido otros casos en el pasado, como en 2020 en Tuchín, Córdoba, donde la guardia indígena Zenú utilizó el “cepo” para castigar a cinco personas que infringieron el aislamiento por la pandemia de covid-19. W Radio informó que el castigo duró media hora aquel año.

La práctica del cepo se remonta a la época colonial, cuando se empleaba para controlar o reprender a la población indígena por conductas inaceptables. Documentaciones fotográficas de esas épocas, como las realizadas por el suizo Ernst Röthlisberger, muestran su uso, como señala un comunicado de la Alcaldía de Bogotá.

Otras formas de castigo en comunidades indígenas en Colombia son, por ejemplo, el uso de latigazos en las piernas. Gonzalo Llamo Mesa, fundador del cabildo indígena del resguardo La Delfina, explicó que estos castigos son considerados remedios destinados a “armonizar” a la comunidad, de acuerdo con El Tiempo.