Entre enero y mayo de 2024, se observó un aumento del 28.2% en la pérdida de la audición ocasionada por una lesión en el oído interno o el nervio que conecta al oído con el cerebro, en comparación con el año anterior, según se concluyó en el estudio, de Aural, empresa especializada en audiología.
Las cifras destacan que los grupos etarios más afectados son las personas de 71 a 80 años (32.5%), seguidas de aquellas de 81 a 90 años (25.2%) y de 61 a 70 años (20.6%). La prevalencia de pérdida auditiva incrementa notablemente con la edad.
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Factores como la genética, la exposición al ruido, medicamentos ototóxicos y ciertos hábitos de vida aceleran el deterioro auditivo, coincidiendo con estudios previos en la materia, menciona el estudio
La presbiacusia (pérdida auditiva relacionada con la edad), el trauma acústico y la otitis en población pediátrica se identificaron como las enfermedades auditivas más comunes en Bogotá. Las comorbilidades que más influyen en la pérdida de audición incluyen enfermedades cardiovasculares, diabetes e hipotiroidismo.
El informe también subraya una distribución equitativa por género en los nuevos casos de hipoacusia. Durante el periodo estudiado en 2024, los hombres registraron un 50% de los casos, una leve disminución en comparación con el 51% de 2023. Por el contrario, la incidencia en mujeres aumentó del 49% al 50% en el mismo intervalo de tiempo.
Maritza Aguilar, Coordinadora Audiológica Retail de Aural, destacó la importancia de medidas preventivas desde temprana edad para reducir el impacto de la hipoacusia a largo plazo. Las recomendaciones incluyen adoptar hábitos saludables, evitar la exposición al ruido, no consumir tabaco y mantener una adecuada higiene del oído.
Este análisis de Aural no solo proporciona una comprensión más profunda de la salud auditiva en Bogotá, sino que también resalta la necesidad de políticas de salud específicas para mitigar los efectos de la hipoacusia y mejorar la calidad de vida de quienes la padecen.
El proyecto antirruido avanza en la Cámara: camino al Senado colombiano
El proyecto de ley antirruido que busca combatir la contaminación acústica y mejorar el bienestar de los ciudadanos colombianos ha superado dos debates en la Cámara de Representantes y fue enviado al Senado.
La iniciativa, impulsada por Daniel Carvalho, representante a la Cámara por el Partido Verde Oxígeno, recibió amplio apoyo en varios sectores políticos, aunque enfrenta desafíos de grupos de presión.
Daniel Carvalho explicó en una entrevista con La FM que la propuesta tiene como objetivo central la implementación de políticas públicas claras para reducir el exceso de ruido. “Lo primero es que obliga a la Nación, particularmente a los ministerios del Interior y de Ambiente, a dotarse de una política pública para manejar este tema”, indicó Carvalho.
El proyecto de ley también define las responsabilidades de las entidades competentes para evitar confusiones entre los ciudadanos sobre a quién acudir para reportar problemas de ruido.
Uno de los puntos destacados del proyecto es el endurecimiento de las sanciones a quienes violen las normas de convivencia sonora, con el fin de disuadir infracciones, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas. Carvalho señaló que la legislación también aborda problemas cotidianos, como el ruido causado por vecinos en edificios residenciales, y que la implementación recaerá en el Gobierno nacional, con un papel crucial para la Policía Nacional y el Ministerio del Interior.
Además, el proyecto obliga a los municipios con más de cien mil habitantes a desarrollar un plan de gestión contra el ruido, reconociendo que son las autoridades locales las que gestionan estos problemas diariamente. Carvalho enfatizó la necesidad de un enfoque territorial completo, destacando que “finalmente son las autoridades locales las que van a tener que lidiar diariamente con este tema”.
El apoyo al proyecto ha sido significativo en las fases iniciales del Congreso, aunque se esperan obstáculos en el Senado debido a la influencia de diversos grupos de presión. Carvalho hizo hincapié en la necesidad de una defensa sólida y unificada para la aprobación y correcta implementación de la normativa.
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