
A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se refirió al caso judicial que enfrenta el abogado Paul Wolf con la multinacional Chiquita Brands, en el que se llegó un acuerdo por 12.8 millones de dólares, pero a nombre de 2.572 víctimas radicadas en la región del Urabá.
En dicha audiencia se constató que a esta población les corresponderá una reparación de 3.404 dólares por víctima documentada en la Unidad de Víctimas de Colombia; de lo contrario serán 1.327 dólares, respectivamente. Al respecto, el mandatario nacional reafirmó que la prioridad de su gobierno será defender la vida de los colombianos.
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“La vida en Colombia no vale 1.300 dólares. Si adoran tanto el mercado, vale lo que vale una póliza de vida en los EE. UU. Si quieren el progresismo, la vida es invaluable, no es un bien de mercado. La indemnización de Chiquita Brands al pueblo colombiano es la propiedad de su empresa y las condiciones de vida para toda la población del Urabá. Su compromiso histórico a no matar nunca más trabajadores de Colombia”, escribió el mandatario en sus redes sociales.
Igualmente, el jefe de Estado colombiano recalcó que “quienes ordenaron el asesinato masivo de miles de sindicalistas deben ir a la cárcel y ser tratados como delincuentes de lesa humanidad”.

Caso Chiquita y AUC
La primera decisión de la justicia norteamericana se dio a inicios del mes de junio, cuando un togado declaró a Chiquita responsable civilmente de financiar a grupos paramilitares en Colombia, en la década de los 90, estructura armada que cometió múltiples crímenes en regiones como el Urabá antioqueño y Córdoba.
Pese a que la compañía aclaró ante el juez que fue ‘obligada’ a realizar esos pagos a las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), asegurando que el envío de dinero no tenía fines irregulares, el tribunal estadounidense concluyó que la multinacional entregó dinero a sabiendas de los crímenes que cometían los paramilitares, por lo que le ordenó resarcir a las víctimas de paramilitares incluidas en ese caso, con los montos explicados anteriormente.
Frente al método de pago, el acuerdo menciona que, en el caso de que algunos de esos reclamantes no hagan uso de su derecho, el dinero será destinado a la construcción de una escuela o de un hospital en el municipio de Apartadó, territorio que históricamente ha sido afectado por la violencia desde los años 80 hasta la década de los 2000.
“Este acuerdo se firma para dar por terminadas cualquiera y todas las controversias, reales o potenciales, afirmadas o no, y reclamaciones por daños y perjuicios de cualquier naturaleza, reales o potenciales, afirmadas o no, entre Chiquita y los demandantes representados por Wolf. Ni la ejecución y entrega de este Acuerdo ni el cumplimiento de sus términos constituirán una admisión de culpa o responsabilidad alguna por parte de Chiquita (...) Chiquita de ninguna manera admite culpa o responsabilidad de ningún tipo y, de hecho, Chiquita niega expresamente culpa y responsabilidad”, puntualiza el documento.

De igual forma, el acuerdo firmado entre Wolf y funcionarios de Chiquita también resuelve las reclamaciones de otro grupo de víctimas que había demandado contra la compañía en cinco oportunidades, relevantes a 2.572 víctimas fallecidas durante la época de conflicto. No obstante, los damnificados querían llegar a un acuerdo definitivo, con el fin de evitar años de litigios continuos que podrían causar grandes costos e incertidumbre en el resultado final.
A pesar de que hubo reuniones constantes entre este grupo y Chiquita Brands entre julio de 2023 y abril de 2024, las víctimas creen que su caso no tendrá éxito como el resuelto en Miami. “Los demandantes representados por Wolf creen que el veredicto del jurado probablemente será revocado y anulado por una serie de razones o, como mínimo, reducido sustancialmente”, se lee en el documento.
Sin embargo, dentro del documento se señala que, a través de esta negociación, se podrían resarcir las demandas de este grupo de víctimas, respectivamente.
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