La Procuraduría General de la Nación abrió investigación en la mañana del sábado 13 de abril contra tres funcionarios de la Aeronáutica Civil, que estarían involucrados en presuntas irregularidades en el proceso contractual de la adquisición de unas sillas ergonómicas para la entidad.
De acuerdo con el ente de control, al parecer, los funcionarios Esther Josefina Vargas García, coordinadora administrativa y financiera; Laura María Cantillo Guzmán, supervisor y Jairo Eduardo Guarnizo Escobar, director Regional Centro Sur, ordenador del gasto, habrían incurrido en presuntos sobrecostos en la adquisición de los mobiliarios.
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Según las pruebas incorporadas a la actuación disciplinaria, la Procuraduría estableció que la Dirección Regional Centro Sur de la Unidad Administrativa de la Aeronáutica Civil llevó a cabo un proceso de contratación de mínima cuantía con el fin de adquirir sillas ergonómicas para los controladores de tránsito aéreo del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.
Este proceso se realizó en respuesta a las recomendaciones proporcionadas por un equipo técnico previamente constituido.
El valor inicial del contrato fue de $300.000.000, destinados a la compra de 23 sillas. Luego, el contrato fue prorrogado, adicionando un monto de $143.327.646 para la adquisición de 11 sillas más. De acuerdo con las indagaciones de la Procuraduría, “este valor, presuntamente podría exceder el precio de los mobiliarios en el mercado”.
Las denuncias sobre los contratos por sillas de millones de pesos
Desde finales del 2022 la entidad estaba siendo investigada por este tipo de contratos, ya que el contrato para adquirir sillas ergonómicas para el personal ATC de la regional Centro Sur tuvo costos exagerados.
Inicialmente, el contrato dice que lo que se buscaba era comprar 23 sillas, cada una por un valor cercano a los $11 millones. Según el documento revelado por la revista Semana, estas fueron asignadas a los encargados del Centro de Control y la Torre de Control en Bogotá.
Aunque en el texto no se justificaba a ciencia cierta por qué estas tenían un costo tan elevado, conforme al formato de contrato de compraventa, las sillas “deben contar con un diseño innovador y elegante”.
Otras condiciones parecen una burla: “El espaldar debe proporcionar apoyo a la espada” y el “tapizado de las sillas no debe motivar el resbalarse del asiento”, lo que deja entrever que la necesidad de estas sillas iba, por un lado, más estético. Aun con todo esto, la compra se autorizó justo en temporada de pandemia.
Francisco Ospina Ramírez, director (e) de la Aerocivil, comentó para la fecha en entrevista con la revista que la compra de estas sillas se hizo mediante una subasta inversa con tres oferentes y que se escogió la propuesta más económica, que resultó ser la de casi $11 millones.
A su vez, señaló que los requerimientos salieron de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y se incluyeron en las condiciones de la adquisición.
La Contraloría y su postura con la compra de las sillas de más de $10 millones
La Contraloría General de la Nación en cabeza de Carlos Hernán Rodríguez Becerra, ya le había puesto la lupa a este contrato a finales de mayo del 2023, fecha en la que luego de investigar varios contratos firmados por la Aeronáutica Civil encontró siete hallazgos fiscales entre los que estaba la jugosa compra.
En un comunicado difundido por la entidad, y revelado por los medios de comunicación, se explicó detalladamente cada uno de los hechos encontrados:
Según el organismo de control las irregularidades iban desde: la reparación de pistas en aeropuertos, equipos para garantizar el aterrizaje de los aviones, las comunicaciones entre pilotos y controladores, hasta sillas de lujo para funcionarios.
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