Un escolta del esquema del expresidente Álvaro Uribe fue atracado en Medellín

Nadie se salva de la inseguridad en el país, ni el esquema de seguridad del que se considera el político más influyente de los últimos 20 años en Colombia, el expresidente Álvaro Uribe, ya que a uno de sus escoltas lo robaron en un exclusivo sector de la capital antioqueña en la noche del lunes 4 de marzo.

La Unidad Nacional de Protección (UNP) confirmó el hecho, del que se infiere que esta persona habría sido atacada en medio del hurto.

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“Atracado escolta del expresidente Uribe Fuera de peligro se encuentra una persona de protección del esquema del expresidente Álvaro Uribe (sic)”, informaron en la cuenta oficial de la UNP en la red social X.

El asalto ocurrió en el norte de la ciudad, cuando al hombre se dirigía a cumplir con sus labores de vigilancia.

“El escolta fue víctima de atraco cuando acudía al servicio, esta noche (20.40 horas), en La Frontera, barrio El Poblado, Medellín (sic)”, trinaron.

Al integrante de la guardia de Uribe, los delincuentes le robaron armamento de la institución, indicaron también en la UNP.

“En la acción, perpetrada por sujetos en moto, fue hurtada el arma, proveedor y cartuchos (sic)”, detallaron en la publicación.

No es la primera vez que atentan contra el personal que salvaguarda al que fuera presidente de Colombia en los periodos 2002-2006 y 2006-2010, ya que a inicios del año pasado fue asesinado uno de los policías del esquema.

El uniformado fue identificado por las autoridades como Pablo Antonio Dueñas Morales, de 41 años de edad y natural de Monguí (Boyacá) había solicitado permiso el sábado 31 de diciembre para festejar el nuevo año con su familia, luego de estar Rionegro (Antioquia) acompañando al expresidente que recibió el 2023 en ese municipio.

Una vez fuera de servicio, se trasladó en motocicleta hacia Anzá, población en la cual perdería la vida, luego de que hallaran su cuerpo con múltiples heridas de bala.

En torno al asesinato se barajaron hipótesis como un posible robo. Otra consideraba una venganza relacionada con su trabajo en la institución, mientras que una última apuntaba a problemas personales.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el contexto del caso 10, que tiene como objetivo investigar delitos no amnistiables perpetrados por la extinta guerrilla de las Farc, se dispuso a examinar todo lo concerniente al ataque perpetrado por el grupo narcoterrorista el 7 de agosto de 2002 en Bogotá, durante la toma de posesión de Álvaro Uribe Vélez para su primer periodo presidencial en la Plaza de Bolívar.

En esa ocasión lanzaron 14 artefactos explosivos de 120 milímetros, del tipo cohetes o morteros, lanzados por el grupo insurgente coincidiendo con el inicio del mandato presidencial de Uribe. Este atentado, ocurrido específicamente en la conocida Calle del Cartucho de Bogotá, resultó en la muerte de 17personas y más de 60 heridos.

La sala de reconocimiento de la JEP se enfocó en “identificar y localizar, con información de contacto, a todas las víctimas, tanto directas como indirectas, de los eventos del 7 de agosto de 2002″, siendo la mayoría de ellas habitantes de calle.

El propósito del ataque, ejecutado por las Farc, era amedrentar a Álvaro Uribe Vélez impulsándolo hacia una intervención humanitaria para lidiar con los desafíos impuestos por el grupo fuera de la ley. Contrario a esto, el líder derechista declaró el estado de conmoción interior en el país y reforzó la fuerza armada contra las Farc.

Es importante señalar que la JEP solicitó la revisión de documentos y archivos de la Policía, el Batallón de Infantería, la Guardia Presidencial, y otras entidades implicadas en la jornada de posesión de Uribe y en los ataques con mortero llevados a cabo por las Farc.