
En un fuerte pronunciamiento, el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, se refirió el lunes 12 de febrero al asedio que sufrió la Corte Suprema de Justicia el jueves 8 de febrero, cuando manifestantes bloquearon la entrada y salida del Palacio de Justicia luego de que se confirmara que no había consenso para escoger nueva fiscal General de la Nación, en reemplazo de Francisco Barbosa.
Reyes, recién posesionado en este cargo, reconoció que por fortuna ninguno de los magistrados del alto tribunal resultó herido, pero le exigió al jefe de Estado que no minimice los acontecimientos ocurridos en contra del alto tribunal, que fueron ratificados —incluso— por el presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, cuando señaló que estaba “en vilo la democracia y la institucionalidad”, con las presiones a la justicia.
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“El presidente (Gustavo Petro) dijo que los magistrados no estaban imposibilitados de movilizarse; es decir, que podían hacerlo a placer. De entrar y salir. Eso no es cierto por las imágenes que vimos. Creo que es necesario reconciliarnos con la verdad. Hubo desmanes, hubo abusos, hubo extralimitaciones y manifestaciones violentas”, indicó Reyes en un video que divulgó el alto tribunal en sus canales oficiales.
Lo dicho por Reyes contraría lo manifestado por el jefe de Estado, que incluso mencionó que lo ocurrido a las afueras del Palacio de Justicia había sido cuestión de “segundos” y que en ningún instante estuvo en riesgo la integridad de los togados que tienen la responsabilidad de elegir la sustituta o sustituto de Francisco Barbosa Delgado, cuyo periodo finalizó el lunes 12 de febrero, tras cuatro años.
“Las informaciones que tenemos nos dicen que un grupo coordinado de cuatro personas ajenas por completo a las manifestaciones bloqueó por 10 segundos la puerta de reja del palacio de justicia y retrocedieron ante la oposición de los manifestantes”, publicó Petro en su perfil de X (antes Twitter).
Corte Constitucional cerró filas con la Corte Suprema
Con este pronunciamiento, el titular del alto tribunal se unió a la voz de Chaverra, que a través de un comunicado emitido el viernes 9 de febrero, un día después del ataque, no dudó en señalar que se atentó contra la independencia judicial y en hablar del riesgo de cualquier sector o actor de un país pretende presionar de forma política, física o moralmente las determinaciones que deben tomarse en derecho.

“La Corte Suprema de Justicia rechaza enfáticamente el asedio de las últimas horas al Palacio de Justicia de la Capital de la República. Situación que, además de afectar gravemente el derecho a la libertad de locomoción, pone en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país”, inició la misiva, replicada por el alto tribunal.
De este modo, la Corte dejó en claro que aunque defiende y garantiza el derecho legítimo a la protesta pacífica y a que existan en el país diferentes posturas ciudadanas e institucionales en lo que considera son asuntos públicos del país, también condena el “bloqueo violento e ilegal al que es sometida nuestra casa de justicia”. Con lo que reiteró su desaprobación con que de parte de fanáticos se quiera sitiar a los jueces.
“Cuya independencia, autonomía e imparcialidad debe ser impulsada y promovida tanto por la sociedad como por los poderes públicos del Estado”, remarcó el tribunal, que el jueves 22 de febrero se volverá a reunir para definir si entre las tres ternadas al cargo de fiscal, Ángela María Buitrago, Amelia Pérez Parra y Luz Adriana Camargo habrá alguna que obtenga los 16 votos necesarios, de 23 posibles, para llegar a la entidad.
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