Álvaro Leyva condicionó su salida de la Cancillería: reveló cuándo cumplirá sanción de tres meses impuesta por la Procuraduría

La decisión de la Procuraduría General de la Nación de suspender al canciller Álvaro Leyva Durán sigue generando fuertes repercusiones, pues el funcionario se resiste a apartarse del cargo y empezar a cumplir el periodo de tres meses de sanción, debido a que a juicio del Ministerio Público se registraran aparentes irregularidades en la licitación de los pasaportes, declarada desierta.

Pese a que la determinación quedó en firme el 24 de enero, el titular del ministerio de Relaciones Exteriores continúa ejerciendo como si no hubiera una suspensión de por medio, pues ha firmado decretos en los que se oficializan nombramientos y ha llevado a cabo otra clase de actos propios de su cargo sin cumplir con la determinación del organismo disciplinario, al mando de Margarita Cabello Blanco.

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El lunes 5 de febrero de 2024 se conoció la misiva que Levya, a través de su abogado, envió a la Procuraduría, en la que da a conocer que sí cumplirá la sanción que pesa en su contra, pero que dependerá del momento en el que el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, determine qué funcionario será su reemplazo. En otras palabras: condicionó su salida del ministerio al criterio del mandatario.

¿Cuáles son los argumentos del canciller para seguir en el cargo?

En su defensa, Leyva esgrimió razones que, según él, tendrían un impacto jurídico si accede a cumplir con la sanción en su contra. Y apuntó a que la última palabra sobre su permanencia no la tiene el Ministerio Público, sino Petro: que a través de sus discursos se ha despachado en contra de la procuradora Cabello por haber emitido la decisión en contra del veterano político.

“En cuanto concierne al disciplinado, como siempre ha sido su norma de conducta, estará presto a cumplir con los mandatos que le imponen la Constitución y la ley. De manera que, precisamente por ello, no puede separarse del ejercicio de sus funciones sin que exista un acto administrativo que así lo protocolice por parte de su nominador”, explicó el apoderado del canciller, en comunicación del 1 de febrero.

Según él, no puede dejar el cargo ante el riesgo de que se vea expuesto a investigaciones por abandono e incumplimiento de sus deberes funcionales, por lo que no ha dado un paso al costado como lo decidió la Procuraduría. Respuesta que no cayó bien entre los sectores opositores al Gobierno, quienes denunciaron al funcionario de querer “atornillarse” en su puesto.

Embajador de Colombia en EE. UU. suena como fuerte candidato a reemplazar a Leyva

Mientras sigue sin efectuarse la sanción impuesta por la Procuraduría contra Leyva, se menciona de manera extraoficial que uno de los más serios candidatos a reemplazar al bogotano de 81 años es el actual embajador de Colombia ante los Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, que estaría dispuesto a asumir estas funciones, como parte de la reorganización que sufriría el gabinete de Gustavo Petro.

Murillo, de 57 años, sería el perfil con el que el jefe de Estado buscaría apaciguar la crisis que ha causado el caso Leyva, que si bien recibió una sanción temporal, podría ser objeto de un proceso disciplinario de fondo; que lo podría marginar por varios años del ejercicio de cualquier cargo público. Una encrucijada en la que al presidente no le quedaría otra salida que relevarlo de su cargo.

Cabe destacar que en el boletín 056 de 2024, el Ministerio Público hizo énfasis en los argumentos encontrados por la Sala Disciplinaria de Instrucción, en el sentido que el canciller habría incurrido en dos faltas disciplinarias, calificadas de forma provisional como gravísimas cometidas a título de dolo. Y que lo tendrían en aprietos en relación con su continuidad en el gabinete.

La primera, al declarar desierta la licitación 001 de 2023, que debía adjudicarse por cerca de $599.000 millones, al parecer “sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal”. Y la segunda, en tanto, por supuestamente decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual, sin que existieran causales para tal fin.