El presidente Gustavo Petro salió en defensa del ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, que fue suspendido provisionalmente por tres meses por la Procuraduría General de la Nación, tras una orden de la Sala de Instrucción Disciplinaria. La medida fue dictada debido a posibles irregularidades en el proceso de licitación de pasaportes, una situación que generó un intenso debate en el ámbito político y público.
Petro comparó esta situación con el escándalo que rodeó a la exministra de las TIC Karen Abudinen durante el gobierno de Iván Duque. Recordó cómo se perdieron $70.000 millones en el caso de la Unión Temporal Centros Poblados, que presentó pólizas falsas para instalar puntos digitales en zonas apartadas del país. Este contrato millonario fue denunciado por falta de experiencia y capacidad técnica por parte de las empresas involucradas.
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En su momento, la exministra Abudinen se comprometió a tomar medidas contundentes, como la declaración de caducidad del contrato y la investigación exhaustiva de las irregularidades; sin embargo, no se recuperó ni un solo peso de los fondos perdidos.
En contraste, Petro cuestionó por qué la exministra no enfrentó ninguna suspensión a pesar del escándalo de corrupción, mientras que Leyva fue suspendido por intervenir en un proceso de licitación que, según el presidente, estaba plagado de irregularidades.
Señaló la gravedad de que un ministro sea suspendido por interferir en un proceso de contratación que involucra aspectos tan sensibles como el cobro de peajes, la seguridad electoral y la protección de datos personales de los ciudadanos.
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“En realidad no entiendo como una ministra del anterior gobierno dejó que se robaran 70.000 millones de pesos del internet de los niños y no hubo suspensión y, en cambio, al ministro que se atravieza en los negocios a dedo de una firma que tiene el cobro de peajes, el escrutinio de las elecciones, y el de pasaportes y los datos de la seguridad social de las y los colombianos, lo suspenden”, publicó Petro en X (antes Twitter).
El mensaje presidencial suscitó cuestionamientos entre los usuarios de las redes sociales, ya que algunos consideran que los casos no son comparables, mientras que otros destacan el objetivo común de prevenir la corrupción. En cualquier caso, el contenido del mandatario ha generado múltiples interacciones y debates en la plataforma digital.
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Las razones por las que la Procuraduría inspecciona la Cancillería
La Procuraduría General de la Nación llevó a cabo una inspección en las instalaciones de la Cancillería con el fin de obtener acceso a la grabación de la audiencia del comité de conciliación, durante la solicitud de conciliación extrajudicial presentada por la unión temporal de empresas liderada por Thomas Greg & Sons.
Esta solicitud de conciliación surgió como respuesta a la decisión del Gobierno de Gustavo Petro de declarar desierta la licitación para la fabricación de pasaportes, con el objetivo de evitar la adjudicación de contratos a ofertas con un único proponente.
La multinacional británica buscó una reparación económica alegando daño reputacional, solicitando una compensación de $107.000 millones, además de una cantidad adicional de $10.000 millones para cubrir el perjuicio reputacional que afirmaron haber sufrido.
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De esta manera, en su momento, cuando se hizo la audiencia de conciliación, Martha Lucía Zamora participó en representación del Gobierno para buscar un acuerdo con la firma y evitar una demanda por un total de $117.000 millones. Sin embargo, durante el proceso surgieron señalamientos de posibles irregularidades en el procedimiento.
Martha Lucía Zamora señaló presuntas irregularidades relacionadas con la participación de funcionarios de la Cancillería en la discusión sobre la licitación de pasaportes. En particular, señaló a Silvia Carrizosa, directora de Talento Humano, por solicitar la prescindencia de los servicios de Germán Calderón España, apoderado designado por el canciller Álvaro Leyva Durán, durante el Comité de Conciliación.
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