El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, enfrenta una demanda por presunta doble militancia, presentada por Miguel Alberto Vergara Sandoval ante el Consejo de Estado. La acción legal, respaldada por la abogada Ximena Echevarría, sostiene que el funcionario habría violado las normativas electorales al respaldar activamente a un candidato de un partido diferente al suyo durante las elecciones territoriales de 2023.
Carlos Amaya, que dirige la Gobernación de Boyacá en dos periodos no consecutivos, es reconocido por su afiliación al Partido Alianza Verde; sin embargo, su incursión en la precandidatura presidencial bajo el movimiento Dignidad en 2022 y su posterior elección como gobernador en 2023 con los verdes desató críticas y preocupaciones legales.
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La demanda se centra en un incidente específico durante la campaña electoral. Amaya expresó públicamente su respaldo al candidato Óscar Julián Correa Hernández, postulado por el Partido de la U y no perteneciente al Partido Alianza Verde, a pesar de ser parte de la coalición Boyacá Grande que incluye a dicha colectividad.
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El mejor amigo de Carlos Amaya fue el que lo demandó
Miguel Alberto Vergara Sandoval, antiguo amigo personal de Carlos Amaya, tomó la decisión de presentar una demanda ante el Consejo de Estado, con el fin de cuestionar la elección del actual mandatario por presunta doble militancia.
Vergara rememoró que el 29 de julio de 2023, Carlos Amaya se inscribió como candidato a la Gobernación mediante la coalición denominada Boyacá Grande; sin embargo, el 27 de agosto de 2023, el hoy gobernador programó una reunión en Cómbita con el propósito de impulsar su campaña y la de sus candidatos a la Alcaldía y Concejo de esa localidad.
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Durante dicho encuentro, se conoció un video que se difundió en redes sociales, en el cual Amaya expresaba su respaldo al candidato al Concejo, en ese momento, Óscar Julián Correa Hernández.
En el video, Amaya dirigía un mensaje a los habitantes de Cómbita, respaldando a Correa, que se postuló por el Partido de la U. Este respaldo, según la demanda, constituiría una violación a la prohibición de doble militancia establecida en el Artículo 2 de la Ley 745 de 2011 y el numeral 8 del Artículo 275 de la Ley 1437 de 2011.
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La abogada Echevarría presentó argumentos sólidos y pruebas documentales para respaldar la demanda. Entre ellas se destaca el video mencionado anteriormente, así como el testimonio del propio candidato.
El documento legal solicita la suspensión provisional del acta de escrutinio general emitida por la Comisión Escrutadora Departamental el 6 de noviembre de 2023, por lo que arrojó dudas sobre la validez de la elección de Amaya como gobernador.
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Según Ximena Echevarría, la base de la demanda se fundamentó en la supuesta doble militancia de Carlos Amaya, ya que se argumentó que al respaldar a un candidato de otro partido violó las leyes electorales que prohíben este tipo de acciones. La abogada también destacó la importancia de la suspensión provisional del acta de escrutinio como medida cautelar para evitar que las decisiones administrativas se tomen en función de un proceso electoral que podría ser declarado nulo.
Por su parte, el periodista Santiago Ángel divulgó el documento que detalla los argumentos presentados por la abogada en el Consejo de Estado. En dicha denuncia se resaltan las pruebas presentadas, incluidas el video de la manifestación de apoyo de Amaya y el testimonio del candidato respaldado por él, Óscar Julián Correa Hernández.
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Hasta el momento, Carlos Amaya optó por el silencio en relación con la demanda presentada en su contra. No emitió comentarios públicos ni abordó las acusaciones de doble militancia que podrían poner en riesgo su mandato como gobernador de Boyacá.
La atención se centra ahora en el Consejo de Estado, que será el encargado de evaluar las pruebas presentadas y determinar si efectivamente existió alguna irregularidad en la elección de Carlos Amaya como gobernador. La resolución de este caso no solo podría tener consecuencias legales para el político, sino que también podría tener un impacto en la estabilidad política de Boyacá y sus ciudadanos.
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