La familia Lacayo es una de las más poderosas de El Salvador y entre sus integrantes figuran un exministro y varios empresarios reconocidos en el país centroamericano. Uno de ellos, José Ofilio Gurdián Lacayo, tenía circular roja de Interpol y fue capturado en Bogotá a principios de noviembre.
Varios integrantes de la familia Lacayo estaban prófugos de la justicia de El Salvador por delitos ambientales, pues poseían una fábrica de baterías que generó contaminación con plomo y afectó a más de siete mil personas en el municipio de San Juan Opico. Los dueños de la empresa huyeron del territorio salvadoreño con rubo a Estados Unidos, por lo tanto la Interpol emitió circular roja en su contra.
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Según pudo conocer El Tiempo, Migración Colombia y la Dijín identificaron la llegada a Bogotá de José Gurdián Lacayo el 5 de noviembre de este año.
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El prófugo de la justicia llegó a territorio nacional procedente desde Estados Unidos y, al parecer, se presentó con un pasaporte nicaragüense; sin embargo, las autoridades colombianas corroboraron su identidad y lo detuvieron.
De acuerdo con el medio citado, cuando le preguntaron a Gurdián Lacayo los motivos para su ingreso a Colombia respondió que su viaje era de negocios.
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Las autoridades colombianas trasladaron al salvadoreño hasta la cárcel La Picota de Bogotá y El Tiempo conoció que ya se inició el proceso de extradición de José Ofilio Gurdián Lacayo a El Salvador.
Daño ambiental irreparable
En 1995 llegó al sector del cantón Sitio del Niño, en el municipio de San Juan de Opico, la fábrica de Baterías de El Salvador S.A de C.V., una empresa dedicada a la producción de baterías de carros y el reciclaje de las mismas.
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La empresa pertenecía a un grupo de socios integrado por el exministro de Economía de El Salvador, Miguel Lacayo Argüello; Ronald Lacayo, José Gurdián Lacayo y Sandra Lacayo; Cecilia Escapini, Domingo Call y Dimas Alvarenga.
Según reseñó el medio salvadoreño La Página, desde 2003 surgieron las primeras denuncias del daño ambiental de la fábrica que compraba piezas dañadas, les extraía el ácido para su reciclaje y posterior fundición.
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Ese proceso implicaba el uso de químicos intensivos en agua, que después eran vertidos en el terreno, perjudicando las aguas subterráneas y los pozos artesanales de la zona. Además, la empresa trabajaba las 24 horas del día, generando emisión continua de gases tóxicos.
Luego de decenas de denuncias, las operaciones de la fábrica cesaron en septiembre de 2007 luego de 12 años, no sin antes dejar daños en más de diez poblaciones y más de 7.000 personas.
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En el 2010 el Gobierno de El Salvador declaró emergencia ambiental en la zona luego de hallar contaminación por plomo de la fábrica en un radio de 1.500 metros.
Estudios posteriores determinaron que en la zona afectada había niveles de 30.000 y 40.000 partes de plomo por millón de partículas y la norma determinaba que el límite era de 400 partículas por millón.
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El plomo no solo estaba en el agua, sino también en la tierra, el aire, las plantas y en las zonas lecheras cercanas al lugar del daño ambiental, lo que produjo que las personas afectadas presentaran cefaleas, pérdidas de peso, problemas respiratorios y otras enfermedades.
Pese a la clausura del lugar, no fueron removidos las casi 40 mil toneladas de material contaminado entre escombros y restos tóxicos de la fábrica clausurada que debía estar bajo vigilancia de las autoridades, algo que no sucedió y el lugar fue objeto de saqueos y vandalismo, proliferando aún más la contaminación.
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En 2020 el resultado de la falta de vigilancia estatal se vio reflejado en un voraz incendio que consumió la fábrica y reactivó la difusión de gases tóxicos en el lugar.
Según reveló la revista salvadoreña Gato Encerrado, en 2019 la Cámara Ambiental de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador había dictaminado que la Policía debía custodiar las instalaciones para que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ordenara la inmediata reparación del daño ambiental, algo que no sucedió y desembocó en la quema de la fábrica.
En 2017 la Interpol emitió circular roja contra el exministro de Economía de El Salvador, Miguel Lacayo Argüello; Ronald Lacayo, José Gurdián Lacayo y Sandra Lacayo; Cecilia Escapini, Domingo Call y Dimas Alvarenga., dueños de la fábrica, quienes fueron declarados como prófugos de la justicia al no presentarse a los juicios en su contra.
Se estima que son necesarios, por lo menos, $4 mil millones solo para solventar el daño ecológico causado por la contaminación de plomo de la fábrica de baterías.
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