Tres uniformados que prestaban servicio en el CAI de Belén, en la ciudad de Cúcuta, fueron detenidos y removidos de sus cargos tras descubrirse que habían permitido la fuga de un preso por un lapso de tres horas. La coronel Sandra Mora, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, fue quien, al recibir la alerta de este acto de corrupción, se presentó de inmediato en el lugar para tomar medidas.
Según la información oficial, el preso habría pagado la suma de 500 mil pesos a los uniformados y, además, tomó prestada la moto personal de uno de ellos para visitar a su familia.
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La rápida intervención de las autoridades, en colaboración con la Fiscalía y la Dijín, permitió la detención de estos agentes en las instalaciones del comando de la Policía de Norte de Santander.
La comandante Mora, en una declaración contundente, afirmó: “No vamos a aceptar la corrupción al interior de la institución. Seguimos trabajando en temas de sensibilidad y transparencia de los funcionarios que se pierden y rompen la misionalidad, alterando el ordenamiento constitucional”.
Además, en una rueda de prensa sobre este hecho, la uniformada también comentó qué los policias encontrados infraganti, “fueron dejados a la disposición de la Justicia Penal Militar y sobre eso estamos trabajando. No vamos a aceptar la corrupción al interior de la institución. Seguimos trabajando en temas de sensibilidad y transparencia de los funcionarios que se pierden y rompen la misionalidad alterando el ordenamiento constitucional”
Por otro lado, la comandante Mora puso en manifiesto la importancia de abordar la corrupción en la institución y destaca la necesidad de reforzar los mecanismos de control y supervisión. La solicitud de un fiscal en Bogotá evidencia la gravedad del caso y la determinación de llevar a cabo una investigación exhaustiva.
Este no es un incidente aislado, según indican las autoridades locales, y la misma comunidad, cita por El Tiempo,hay “un exceso de confianza entre algunos presos y los uniformados”.
La confianza ciudadana se ve afectada por acciones como estas, socavando la integridad y el propósito fundamental de la Policía Nacional. La sociedad espera respuestas claras y medidas contundentes para restaurar la fe en las instituciones encargadas de velar por la seguridad y el orden público.
Tras torturar a un joven por intentarse colar en TransMilenio, será enviado a prisión
El patrullero Henry David Clemente fue sentenciado a 15 años de prisión por facilitar actos de tortura en contra de Davidson Vargas, quien fue sometido a graves vejámenes por parte de dos auxiliares bachilleres en julio de 2020.
La noticia, inicialmente con poca visibilidad en octubre, cobró relevancia el 14 de noviembre tras la cobertura del periódico El País. Clemente fue condenado como coautor de tortura agravada y privación ilegal de la libertad en el caso que conmovió a la opinión pública colombiana durante un periodo de tensión social en el país.
El hecho se dio a conocer a través de un video viral, donde se muestra a Vargas siendo brutalmente agredido e incluso intentan quemarlo con un encendedor.
El material audiovisual fue utilizado como prueba clave que resultó en la captura de los dos auxiliares bachilleres, Brian Camilo Gamboa y César Estiven Daza, condenados previamente a 10 años de cárcel. Clemente inicialmente negó su participación, alegando que solo detuvo a Vargas para protegerlo de un posible linchamiento; sin embargo, la investigación estableció su responsabilidad en los hechos de tortura, según se relató en Publimetro.
La defensa del caso argumentó que la falta de supervisión de Clemente como patrullero en el trato a los detenidos constituyó un “acuerdo” y “división del trabajo criminal”, lo cual fue esencial en la comisión de los actos de tortura
Luego de los abusos, se comprobó que Clemente se reencontró con la víctima y no tomó medidas para ayudarlo, lo cual reafirmó su complicidad en los hechos. Actualmente, un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá analiza el recurso de apelación presentado por la defensa de Clemente.
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