Se le perdieron a las autoridades más de sesenta lujosos relojes y diez lingotes de oro pertenecientes a un narco

Una millonaria incautación que dejó la captura del narcotraficante Carlos Felipe Toro, alias Pipe Montoya, fue hurtada. Las autoridades investigan los hechos.

En Caracol Radio se conoció que la Fiscalía General de la Nación avanza con las indagaciones para esclarecer el robo de 69 relojes y diez lingotes de oro, más una suma de cerca de 200 millones de pesos, decomisados a Toro en 2019. Solo los relojes tendrían un precio de 1.300 millones de pesos.

La captura de Toro fue por crear una red de lavado de activos, según la orden de captura de la Policía en Cooperación con el órgano de control.

De acuerdo con el reporte de Caracol Radio, la investigación por el robo ha permitido obtener información relacionada con una supuesta red de corrupción que “estaría conformada por fiscales y policías de la DIJÍN de Bogotá, y que estarían implicadas en falsos positivos judiciales, que incluyen alteración de pruebas”, según el medio de comunicación.

La documentación publicada por Caracol demostró que cuando una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción de Dominio realizó una revisión al expediente de Pipe Montoya evidenció irregularidades, que reportó a la Unidad Anticorrupción.

Una de esas irregularidades fue que tanto la captura de Toro y su esposa, como el operativo de allanamiento y la incautación de los bienes (los lingotes de oro, los relojes y 218 millones de pesos) fueron declaradas ilegales por un juez, cuando el fiscal 35 Carlos Nicolás Sotomonte tenía bajo su control las posesiones.

Sotomonte, por su parte, también había sido denunciado en 2019 por usar falsos testigos en procesos de extinción contra los hermanos Mora Urrea, quienes habían sido vinculados a un proceso de investigación como testaferros para las extintas FARC-EP, en el sonado caso Supercundi, cuando, además, se acusó a exfiscales de hacer ofrecimientos de dinero.

No obstante, frente a las posesiones de Toro, y según la información publicada por Caracol, la Fiscalía declaró que:

1. Sobre los 218 millones de pesos incautados, no se realizó un depósito judicial en el Banco Agrario, es decir, el dinero no quedó a disposición de la jurisdicción, a falta de títulos judiciales, procedimiento que se hace cuando sumas de dinero son incautadas de las manos de los capturados
2. No se implementó una custodia del Banco de la República sobre los 10 lingotes de oro decomisados, y tampoco se certificó su autenticidad y originalidad.
3. Tampoco se dispuso el depósito de custodia ante el Banco de la República de los 69 relojes. Del mismo modo, tampoco se constató su autenticidad y originalidad por medio del certificado pertinente.

La investigación indaga el paradero de los bienes

Esto significa que la irregularidad también consiste en que las posesiones quedaron en el aire. ¿Entonces quién las tiene?

Uno de los resultados de la investigación del portal radial logró determinar otra irregularidad: que un año después del operativo de incautación, se realizó un peritaje, o una valoración de los bienes, y luego de esta se estableció que los supuestos 10 lingotes de oro eran, en realidad, presuntas latas de caja pintadas de color dorado.

En cuanto la Fiscalía conoció los detalles del peritaje, consultó a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) sobre estas posesiones. Una primera respuesta de la sociedad señaló que la depositaria inicial, identificada como María del Pilar Toro, también recibió el dinero, pues la suma estaba en su cuenta bancaria.

En cambio, aseguró que los lingotes no son de oro y los relojes ahora están bajo la custodia y el control de distintas personas de las que no hay información detallada, a la vez que no se ha determinado la autenticidad, originalidad y avalúo real de estos bienes.

Es por tanto que la investigación sigue en curso. El canal radial denuncia que “abogados, agentes de Policía Judicial, han sido objeto de seguimientos, luego de que Caracol Radio reveló este escándalo de corrupción. Este medio de comunicación conoció que los policías de la DIJÍN y otros funcionarios judiciales implicados están tratando de torpedear la investigación y amedrentar a todo aquel que indague sobre este caso”.