Tras conocer la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de revocar la candidatura de Rodolfo Hernández a la Gobernación de Santander, el también excandidato presidencial interpuso una acción de tutela para dejar sin efecto el fallo emitido el jueves 28 de septiembre de 2023.
El abogado de Hernández aseguró que los actos administrativos en contra de la candidatura de su defendido, violan sus derechos políticos y, por eso, solicitó una medida provisional.
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En primera medida, argumentó por qué recurrió a la acción de tutela y no a los mecanismos previstos ante el CNE.
“(...) es evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, porque se impone la eventual revocatoria de su inscripción como candidato a un cargo de elección popular con base en decisiones administrativas que violan el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de una elección que se realizará dentro de un escaso mes, y por tanto, no permite la utilización de medio de defensa judicial alguno, diferente a la acción de tutela con medida provisional, lo que obviamente restringe el núcleo esencial de los derechos políticos de mi cliente, cuya falta de ejercicio no se puede reparar, sino simplemente el disfrute de ese derecho político en particular se pierde definitivamente mientras dure la inconvencional inhabilidad”, se lee en el documento conocido por El Tiempo.
También señaló que: “La Corte Constitucional (...) ha definido que las restricciones, limitaciones o suspensiones del ejercicio de los derechos políticos solo son posibles si ellas son establecidas en una sentencia judicial ejecutoriada en un proceso penal y, eventualmente, dada las características del sistema judicial colombiano, incluso si es por decisión de la jurisdicción contencioso administrativo, pero no de un órgano que no es parte de la Rama Judicial”.
Otro aspecto importante que manifestó la defensa de Rodolfo Hernández en la tutela es que “entidades como la Procuraduría General de la Nación no tienen competencia para adelantar un procedimiento disciplinario ni imponer sanción de suspensión que tiene como efecto restringir, limitar o suspender sus derechos políticos, esto es restringir su participación en la conformación, ejercicio y control del poder político. Y mucho menos la tendría para imponer medidas llamadas cautelares sin que se encuentre en trámite un proceso o una investigación disciplinaria”.
A comienzos de septiembre de 2023, la Procuraduría General de la Nación inhabilitó a Hernández después de emitir un informe en el que se constata que este acumula al menos tres investigaciones en un lapso de tiempo de cinco años, lo que constituye una violación al código disciplinario.
Entre las causas abiertas contra Hernández está la agresión verbal contra el veedor ciudadano, Fernando Martínez Arenas, a quien llamó “lavaperros” en 2018.
Además,insultó y calificó de corrupto al funcionario Wilson Motta. Y, en otro hecho, golpeó al concejal John Claro.
El Ministerio Público recordó, en ese entonces, que Hernández tenía el deber de tratar con respeto a la ciudadanía, pues es un requisito que resulta especialmente exigible a los servidores públicos, “en virtud del principio de responsabilidad contemplado en nuestra Constitución y porque se encuentran al servicio del Estado y la comunidad”.
La tutela interpuesta contra las decisiones del Consejo Nacional Electoral y la Procuraduría expone cuatro peticiones concretas:
Primero, que se dejen sin efectos las decisiones sancionatorias tomadas en contra de Rodolfo Hernández Suárez, dentro de los procesos disciplinarios que adelanta la Procuraduría General de la Nación.
Segundo, que se deje sin efecto la eventual revocatoria de inscripción de la candidatura a la Gobernación de Santander.
Tercero, dice explícitamente el documento: “se solicita se conceda la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y se suspendan los efectos de las decisiones ya mencionadas por la Procuraduría y el Consejo Nacional Electoral en contra del señor Rodolfo Hernández”.
Y como último punto, “(...) se ordene la inmediata y efectiva restitución del ingeniero Rodolfo Hernández Suárez como candidato inscrito a la Gobernación de Santander para el periodo 2024-2027″.
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