
La Superintendencia de Nacional de Salud (Supersalud) ordenó una medida de vigilancia especial a la ESE Hospital Universitario del Caribe de Cartagena por diferentes hallazgos en materia de contratación que prendieron las alarmas. La medida estará vigente por seis meses.
“Son seis meses como estancia máxima de espera para no llegar a una intervención y que sea la Supersalud la que dé el timonazo y maneje el curso”, explicó Ulahy Beltrán López, superintendente Nacional de Salud, en la cuenta de Twitter de la entidad.
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La decisión se conoció “tras el levantamiento de la intervención forzosa administrativa que se registró el 27 de julio de 2022″, puntualizó el funcionario en su visita a Cartagena. Frente a esto, el superintendente dijo que es preocupante que, luego de casi un año, la situación en el hospital haya empeorado.
De acuerdo con López, luego de un proceso de diagnóstico e inspección, la Supersalud identificó deficiencias a nivel administrativo. “Nosotros evidenciamos un riesgo operativo y de salud en el tema de la contratación del recurso humano asistencial, es decir, el que atiende a las personas, puesto que no tenían la acreditación correspondiente para el ejercicio de la profesión en muchos de los que están allí trabajando”, precisó Beltrán en Colombia Hoy Radio.
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Con esto, afirmó que la entidad cuenta con suficientes pruebas para demostrar que el derecho a la salud de los usuarios del hospital está en riesgo, así como también lo están los recursos públicos utilizados para financiar el sistema.
“Es claro el camino: si se hace lo que hay que hacer, el Hospital Universitario del Caribe se puede seguir manejando con brújula propia, si no se hace, se incurre una vez más a la intervención y no es lo que queremos”, enfatizó el superintendente. Para dicha la labor de vigilancia, la Supersalud designó como agente especial a Alfonso Ernesto Roa Cifuentes.
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El resultado que se espera con esta medida es poder dar solución a los problemas administrativos vigentes en el hospital y garantizar un servicio de salud adecuado para los beneficiarios. “Mi aspiración, como la de todos los presentes, es rescatar el hospital en el periodo inicial establecido de 6 meses. Con estas medidas queremos prevenir una eventual intervención a través de un proceso de acompañamiento, permitiendo que la institución se proteja y salga adelante”, concluyó el funcionario.
Medida Cautelar sobre la EPS Emssanar
La Supersalud también informó el primero de junio que la intervención forzosa que rige desde junio de 2022 sobre la EPS Emssanar se extenderá por un año más. También dijo que, con el objetivo de cumplir 11 órdenes, designó un nuevo agente especial interventor: Luis Carlos Arboleda Mejía, quien reemplazará a Juan Manuel Quiñonez.
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La intervención se dio luego de que el saliente agente identificara sobrecostos en los servicios de salud y deficiencias en los procesos de contratación de los prestadores de dichos servicios. También informó que hacía falta un área de medicamentos que se encargara de negociar con la industria farmacéutica.
“La EPS Emssanar mantiene condiciones operacionales de pérdidas acumuladas y financieras con incumplimiento de los indicadores de permanencia; elementos que ocasionan debilidades en el pago oportuno de las obligaciones, el suministro de medicamentos y deficiencias en el modelo de atención en salud, condiciones que ponen en riesgo la sostenibilidad de la entidad y la consecuente prestación del servicio de salud a sus usuarios”, explica el comunicado de prensa de la entidad.
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Con la intervención se ordenó a Emssar implementar estrategias para garantizar el servicio de salud y llevar a cabo acciones de conciliación y pago de obligaciones. Ahora, con la prórroga de un año, se añaden otras responsabilidades como garantizar la entrega oportuna y completa de medicamentos, hacer procesos periódicos de auditoría, mejorar el sistema de reclamaciones y solucionar las barreras de atención al usuario.
Asimismo, todavía se mantiene la orden que exige pagar las obligaciones que se tengan con la red prestadora y proveedora de servicios. “Con corte al 30 de abril de 2023, Emssanar EPS tiene una deuda de más de $305 mil millones con 29 hospitales de baja, mediana y alta complejidad”, señaló la Gobernación del Valle del Cauca en un comunicado.
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De hecho, autoridades del departamento dieron a conocer su preocupación por la medida cautelar, la cual supuestamente limita el giro directo de recursos a la red pública y privada de salud. Sin embargo, la Supersalud afirmó que la decisión no busca frenar esos pagos. “La medida no contempla una orden de no pago a la red de prestadores, ya que son directamente las EPS, las responsables del flujo oportuno y transparente de los recursos”, explicó la entidad en un comunicado de prensa.
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