Víctimas de ‘falsos positivos’ confrontaron testimonio de Mario Montoya en la JEP: “Era el Ejército el que nos debía cuidar, pero nosotros huíamos de ellos”

“En el marco del conflicto armado hemos sufrido estigmatización, desplazamiento forzado, afectaciones en la salud física, financiera, emocional, espiritual, psicológica, y hemos vivido con el temor de fallecer sin conocer la verdad lo que pasó con nuestros familiares, a quienes les fueron arrebatados los sueños. La narrativa negacionista de los militares es una ofensa”, mencionó ante la JEP Bertina Badillo, integrante del colectivo Tejiendo memorias, integrado por familiares de víctimas de ‘falsos positivos’ en Antioquia.

Desde el municipio Granada fueron escuchadas más de un centenar de víctimas de esos crímenes judiciales en ese departamento. A su vez, se reunieron para exponer sus observaciones a los testimonios entregados por el general (r) Mario Montoya Uribe y 60 uniformados más de la IV Brigada del Ejército Nacional, involucrada en el asesinato de jóvenes civiles para ser presentados como guerrilleros abatidos en combate.

En los dos días de diligencia (sábado 27 y domingo 28 se mayo), madres, hermanas y esposas de quienes fueron víctimas de esos crímenes extrajudiciales contaron su relato de la forma en que fueron afectados en medio de esa dinámica y la responsabilidad de la fuerza pública en la comisión de esos delitos.

Ante la magistratura, la profesora Marleny Concepción Castaño narró los hechos en que fue asesinado su hermano, Esaú de Jesús Quintero a manos del Ejército en la vereda Campoalegre del municipio Cocorná. Aquel 16 de enero de 2003 también mataron al cuñado de su hermano, César Orlando Gómez, y su sobrino Evelio, cuyo caso fue expuesto también en la audiencia por Claudia, su esposa.

“Mi hermano ese día estaba ayudándole a Evelio a empacar plátano en la vereda Campoalegre. Varios vecinos afirman –porque yo no estaba en aquel lugar, me había desplazado unos meses antes– que vieron pasar a hombres del Ejército hacia Los Mangos. A los pocos minutos se escucharon unos disparos. Al rato vieron pasar a los hombres del Ejército con tres cuerpos montados a caballo: eran los de Esaú, Claudia y Evelio”, contó la docente de profesión.

En aquel entonces, en la vereda patrullaba el Ejército, pero también la guerrilla; sin embargo, tanto ella como el grupo de estudiantes de bachillerato que tuvo a cargo no pensaron que la fuerza pública terminaría siendo los verdugos de los habitantes en aquella zona. Incluso, detalló que hubo días en que las clases no las hacía a jornada completa por avisos de presencia de agentes del Estado.

“Es irónico, porque era el Ejército el que nos debía cuidar, pero nosotros huíamos de ellos”, mencionó la profesora Castaño, desplazada de Campoalegre debido a la matanza de profesores a manos de guerrillas, la fuerza pública y grupos paramilitares. “Tuve que dejar mis grupos –de estudiantes– tirados” y se fue para Medellín bajo el riesgo de ser también asesinada.

Castaño demandó dos cosas: que el teniente coronel (r) Álvaro Calvache que diga la verdad de frente ante las víctimas y que, a modo de medida de reparación, pida perdón en público y reconozca que sus familiares y los de otras víctimas presentes en la diligencia no eran guerrilleros.

“No es solo que lo diga, sino que también quede escrito en un salón, un mural, en algún lugar donde este país no lo olvide jamás. Donde las generaciones que vienen detrás de nosotros sepan qué fue lo que ocurrió y quién lo hizo. Esa sería alguna manera de reparar el dolor que sentimos (...) Que ese mural esté en un sitio donde no se deteriore rápido y que diga algo así como ‘aquí está la lista de víctimas del Ejército Nacional presentadas como muertas en combate, pero corregimos que no eran guerrilleros‘. Eso alivianaría un poco nuestro dolor”, dijo la maestra al finalizar su intervención.

Alba Lucía, hermana de Gilberto de Jesús Galeano y José Eluvín (asesinados el 21 de agosto de 2003) hizo un llamado general al Estado para que los militares implicados en los crímenes extrajudiciales vayan a las tierras donde cometieron los asesinatos y que construyan escuelas y vías terciarias.

“Que vengan y construyan donde hicieron tanto daño”, exigió la integrante de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Falda, de Granada.

Las víctimas también se refrieron no solo a las versiones entregadas por Montoya Uribe sino también a los testimonios de otros 60 exintegrantes de la IV Brigada vinculados a 161 ‘falsos positivos’ perpetrados cuando estaban al mando del general (r) entre el 1 de enero de 2002 y el 15 de diciembre de 2003 dentro del Grupo de Caballería Mecanizado n°4 ‘Juan del Corral’; el Batallón de Artillería 4; el Batallón de Infantería 32; el Batallón de Infantería 10 y el Batallón de Ingenieros de Combate n° 4.

En la audiencia, representantes de víctimas advirtieron que el Estado no ha implementado el enfoque diferencial contemplado en el Acuerdo Final de Paz con las antiguas Farc, pues muchas de los familiares de víctimas de ‘falsos positivos’ eran niños cuando ocurrieron esos hechos.

Las investigaciones de casos de violencia basada en género y agresiones contra niñas, niños y jóvenes en el marco del conflicto armado y durante la comisión de muertes que posteriormente fueron presentadas como bajas en combate por parte de agentes del Estado “está en mora” por la institucionalidad y la propia JEP según Sergio Arboleda, representante de víctimas.

“A ustedes el conflicto no les tocó la puerta, se las derribó. Además, salieron corriendo, buscando un refugio, pero no lo encontraban porque el conflicto estaba en todo el territorio nacional y eso es bastante preocupante y triste”, dijo Juan David Viveros, otro representante de víctimas, a las mujeres presentes en los dos días de audiencia.