Mancuso afirmó en la JEP que José Miguel Narváez y el DAS fueron piezas clave en el asesinato de líderes sociales

“Él insistió también en Alirio Uribe, insistió muchísimo en Piedad Córdoba, decía que haberla secuestrado y liberado fue un error grave que cometimos las autodefensas, que a Piedad había que asesinarla, actuar militarmente contra ella (...) Llegaban reportes como esos y bueno, tuvo dentro de esos principales objetivos también al colectivo de abogados José Alvear Restrepo”. De esa manera, Salvatore Mancuso amplió su versión sobre los nexos entre el DAS, José Miguel Narváez (entonces subdirector de inteligencia) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

En su último día de audiencia única de verdad ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el otrora comandante de ese grupo paramilitar ahondó, no solo en la alianza que tuvo esa estructura ilegal con la extinta entidad y sino en la información que era entregada para asesinar a líderes sindicales, defensores de derechos humanos y personajes de izquierda en Colombia.

Mancuso expuso en la diligencia que Narváez le entregaba a las AUC listados con nombres de “objetivos militares”; a su vez, declaró que desde esa dependencia se ordenaron los perfilamientos y asesinatos contra el actual presidente Gustavo Petro y Álvaro Leyva Durán. Bajo esos hechos, la magistratura le consultó por otras decisiones tomadas por Narváez al mando del DAS y cuáles de ellas fueron ejecutadas por paramilitares.

En respuesta, explicó que en ese momento el ahora canciller colombiano estaba identificado como “un vocero de la guerrilla y que siempre había defendido los intereses de la guerrilla, haciéndole daño al país con esto porque con las guerrillas no se podía negociar”. También mencionó sobre los pedidos hechos de las AUC al DAS sobre seguimientos y asesinatos, que Carlos Castaño le había pedido a esa entidad la persecución de Chepe Santacruz, aliado de Pablo Escobar.

De hecho, el exparamilitar narró que el narco fue detenido justamente por Castaño, que lo asesinó y entregó a Danilo González, jefe de inteligencia del Gaula de la Policía.

“Todo lo que tenía que ver con izquierda, él lo consideraba como un enemigo de la nación colombiana”, dijo Mancuso sobre José Miguel Narváez.

La persecución y asesinato de líderes sociales e integrantes de comunidades indígenas

En la diligencia, también recordó crímenes como el de Héctor Rivas Fontalvo, defensor de derechos humanos en Carmen de Bolívar y fundador de la Mutual Ser Montes de María. Reconoció que ese homicidio fue perpetrado por las Autodefensas en Cartagena en 1999, y a pesar de no mencionar detalles –no los recordó– sí aceptó su responsabilidad en ese hecho. La magistratura le preguntó si tenía relación con la medida del DAS de levantarle el esquema de protección para después asesinarlo y contestó afirmativamente.

“El común denominador de estos hechos, cuando se coordinaba con la fuerza pública, era que le levantaran la escolta, entonces por algún motivo inexplicable le levantaban el esquema de seguridad y era aprovechado por las Autodefensas porque además nos daban la ubicación y automáticamente se actuaba”, describió Mancuso sobre el modus operandi contra líderes y lideresas sociales.

Sobre su grado de responsabilidad en calidad de actor ‘bisagra’ en el envío de panfletos a sindicalistas, el postulado a compareciente ante la JEP negó haber solicitado al DAS amenazar a esas personas; en cambio, dijo que la antigua oficial era la encargada de liderar esas intimidaciones y no los grupos paramilitares.

Mancuso también puso sobre la mesa el caso de Ligia Margoth Ferrucho, funcionaria del DAS que no estaba de acuerdo con hacer interceptaciones telefónicas ilegales –chuzadas– ni amenazas contra personas que eran consideradas de izquierda. Cuando se presentaban hechos similares, los ‘paras’ hablaban con los altos mandos de esa institución para trasladarlos o destituirlos de sus cargos.

Por otra parte, dijo que la estructura de autodefensa que comandó tenía un “enfoque diferencial”; es decir, también atentaron contra integrantes de la comunidad LGBT+, indígenas y personas afro. Detalló que en regiones como el Alto Sinú y Norte de Santander estas personas eran señaladas incluso como vendedoras de drogas. También hubo hechos estigmatizantes alrededor de estos grupos y un supuesto apoyo por parte de guerrillas.

“Sus territorios fueron inundados sin ningún tipo de consulta y quienes se oponían simplemente se quitaban del camino a través del asesinato”, añadió Mancuso sobre el trato a comunidades indígenas y sus dinámicas de despojo y control territorial.