Con vómito y diarrea desde hace varias horas está un niño embera de 11 meses en la Unidad de Protección Integral (UPI) del parque La Florida, en Bogotá, por lo que requiere ser trasladado a un centro asistencial para que lo examinen y estabilicen. Pero, la comunidad indígena no solo se opone a ello, sino que ha impedido que los funcionarios de la Secretaría de Salud, que permanecen 24 horas en las instalaciones, puedan examinarlo y determinar qué es lo que le está sucediendo al menor.
De acuerdo con información revelada por la Revista Semana, los indígenas pasaron la noche y parte de la madrugada realizando rituales para mejorar la salud del menor, ignorando las insistencias del personal de la Secretaría de Salud de que se les permita trasladar al niño a un hospital. Por el momento, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no ha intervenido para mediar en esta situación.
La preocupación de las autoridades se debe a que de no ser atendido adecuadamente, el menor podría incluso fallecer, como de hecho ya ha ocurrido con otros niños de esa comunidad en esa misma UPI. El último caso se registró en septiembre de 2022, cuando un menor de 2 años murió debido a una enfermedad de policitemia que causaba un aumento anormal de la cantidad de células sanguíneas; además, padecía una malformación congénita en su sistema digestivo.
“Dadas las condiciones de vulnerabilidad y necesidades especiales, el niño y su familia recibieron estadía en albergues fuera de la UPI La Florida, mientras se lograba la estabilización inicial de salud. Adicionalmente, la Secretaría mantuvo el seguimiento al caso para la gestión en salud requerida”, dijo la Secretaría de Salud en un comunicado en aquella ocasión.
Además, en febrero de 2023 una mujer de esta comunidad indígena, identificada como Francisca Borocuara, que se opuso a ser trasladada a un centro de salud, también murió. “Doña Francisca fue atendida desde ayer por las unidades médico-asistenciales que permanentemente están allí en La Florida ante cualquier necesidad de salud o de traslado”, explicó el secretario de Salud, Alejandro Gómez. Aseguró también que en repetidas ocasiones se le insistió a Borocuara y a su familia el traslado a un centro de salud “porque su cuadro de carácter respiratorio era muy avanzado”.
La entidad lamentó que su recomendación fuese rechazada. “Hacemos un llamado a la comunidad embera a que propiciemos el diálogo y permitamos la atención en estos casos tan graves”, aseveró Gómez en ese momento. A su vez, aclaró que desde la Secretaría de Salud respetan sus costumbres, “pero también somos conscientes (...) de que los servicios de salud y hospitalarios en Bogotá también están para ustedes”.
No solamente en la UPI La Florida se han presentado este tipo de casos, también la UPI La Rioja. En enero pasado murió una menor de nueve meses que, según informó el distrito en un comunicado, presentaba una condición que ponía en riesgo su vida.
Aquella vez, personal médico llegó hasta la UPI para trasladar a la menor al hospital Santa Clara debido a que llevaba días con síntomas como dolor de estómago y fiebre. Allí murió sobre las tres de la tarde del 25 de enero. El Distrito dijo en su comunicado que la madre no informó del ingreso de la menor al refugio.
De todas formas, los gestores de la Secretaría de Salud lograron identificarla en medio de sus recorridos diarios “con múltiples condiciones inadecuadas de salud dentro de las cuales se encontraban desnutrición, múltiples lesiones en piel (escabiosis) y sospechas de malaria, entre otras”, dice la Alcaldía.
El distrito también señaló en su comunicado que en la UPI La Rioja se han identificado menores que “están llegando en condiciones inadecuadas de sus territorios y sus familias no informan del ingreso a la unidad”, motivo por el que no se les podría valorar ni brindar una atención en salud oportuna.
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