Expertos independientes del sistema de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acusaron al Gobierno colombiano de usar “indebidamente las medidas antiterroristas y los delitos penales graves, como el terrorismo” para procesar a participantes de protestas sociales contra el Estado.
En la misiva, firmada por relatores de la ONU para el derecho a reunión pacífica como Clément Voule, la lucha contra el terrorismo, Fionnuala Ní Aoláin y defensores de derechos humanos como Mary Lawlor, solicitaron al Gobierno nacional garantizar que los cargos que se presenten a cualquier persona siempre se atengan al derecho internacional y a los derechos humanos.
Y es que, según la información que les fue otorgada a los especialistas del organismo internacional, tan solo en 2021, 228 de los ciudadanos que participaron en las jornadas de movilizaciones a lo largo de Colombia fueron acusados de delitos como terrorismo y conspiración para delinquir, por lo que muchos de ellos se enfrentarían a penas de hasta 22 años de prisión.
Más de 180 participantes de las manifestaciones de 2021 incluso permanecen a la fecha en prisión o bajo arresto domiciliario, pese a que, de acuerdo con los expertos de la ONU, existen disposiciones legales que les permiten esperar su juicio en libertad.
La práctica de imputar cargos por terrorismo a participantes de las jornadas de movilizaciones de Colombia fue calificada por los expertos de la ONU como una táctica que “tiene un efecto amedrentador y fomenta las campañas de vilipendio contra los movimientos de protesta en el país”.
Aunque los relatores del organismo internacional rechazaron “enérgicamente” cualquier tipo de violencia durante las protestas y reconocieron el papel del Gobierno de intervenir en actos violentos, subrayaron que los manifestantes pacíficos deben ser tratados con justicia y de acuerdo a las normas internacionales de derechos humanos.
Los especialistas de la ONU expresaron su “preocupación por los informes sobre estigmatización y acoso judicial a defensores de los derechos humanos, reporteros y abogados defensores procesados en el contexto de estos procedimientos”.
Con base a lo anterior, los expertos reiteraron su llamado al Gobierno colombiano para que cualquier detención o judicialización contra manifestantes se ejecute bajo las normas de “proporcionalidad y no discriminación” del derecho internacional humanitario.
La carta de los expertos independientes de la ONU se da a conocer a tan solo semanas de que la ONG Temblores revela que en 2022 se registraron 522 víctimas de violencia policial en el país, casos ocurridos principalmente en el marco de protestas sociales.
En la plataforma GRITA de la ONG se detalló que las víctimas fueron el resultado de 341 casos de violencia policial, de los cuales 66 ocurrieron durante protestas sociales, 26 fueron casos de violencia homicida, 16 de violencia sexual, y 164 de violencia física.
“Si bien desde junio veníamos registrando una disminución en los casos de violencia policial reportados, en octubre nuevamente registramos un aumento de estos hechos”, señaló la organización en el informe.
Las regiones más afectadas por esos hechos durante 2022, según Temblores, fueron Bogotá, con 160 casos; Antioquia, con 37, y Valle del Cauca, con 25.
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