En la mañana del lunes 27 de marzo los presidentes de la Jurisdicción Especial para la Paz, Roberto Vidal, y la Corte Penal Internacional, Piotr Hofmański, sostuvieron un encuentro en La Haya para hablar de diversos temas relacionados con la implementación de la justicia transicional en Colombia y la complementariedad que manejan ambas entidades.
Al respecto, Vidal explicó que el encuentro también se adelantó con abogados del tribunal universal e integrantes de los equipos técnico y fiscal para conocer al fondo los avances de la JEP, la consolidación como instancia para el reconocimiento e investigación de crímenes cometidos durante el conflicto armado y su desarrollo desde la firma del Acuerdo Final de Paz con las extintas Farc.
Dicha reunión también estuvo contemplada bajo el principio de complementariedad oportuna que se han brindado las instancias luego de la conclusión del examen preliminar realizado por la CPI sobre Colombia en 2021.
Ese año, el entonces presidente, Iván Duque, firmó un acuerdo con el fiscal Karim Khan para el cierre de las observaciones de esa instancia que tenía sobre el país desde 2004, debido a los delitos de lesa humanidad perpetrados por el ELN y las antiguas Farc; grupos paramilitares y agentes del Estado.
En ese sentido, Khan sostuvo que la JEP “es un modelo que cumple con los estándares del Estatuto de Roma y que atiende las necesidades de las víctimas”. Asimismo, el tribunal colombiano señaló a través de un pronunciamiento que la comunidad internacional ha tenido un papel destacable en la consolidación de una paz estable y duradera para el país y por ello el magistrado Vidal agradeció también el financiamiento de países europeos para el desarrollo de actividades propias de la JEP para el fortalecimiento de esa entidad.
“Para la JEP, como parte del Sistema Integral para la Paz, el respaldo político, técnico y financiero de la comunidad internacional ha sido determinante en su funcionamiento y quehacer judicial para seguir haciendo el tránsito hacia un país en paz”, señaló el tribunal colombiano. También anunció que están muy cerca a imponer las primeras sanciones contra comparecientes que cometieron crímenes y delitos de lesa humanidad durante el conflicto.
Por otra parte, ambos representantes discutieron la creación de un programa de cooperación e intercambio de experiencias “en materia de representación y protección de víctimas y testigos, y sistemas de información”, señaló la JEP en otro pronunciamiento posterior a la reunión.
En qué consistió el acuerdo firmado en 2021 por Duque y el fiscal Khan
El documento de seis páginas titulado ‘Acuerdo de cooperación entre el Gobierno de Colombia y la oficinal del fiscal de la Corte Penal Internacional’, ambas partes acordaron medidas de apoyo para que la JEP continúe con sus labores bajo el acompañamiento del tribunal.
Bajo ese panorama, el Gobierno de Colombia se comprometió a “continuar apoyando los procesos pertinentes ante las diferentes instancias judiciales interconectadas, incluyendo la justicia ordinaria, el sistema de Justicia y Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz”. Asimismo, le sería informado a la Fiscalía de la CPI sobre los avances en investigaciones y procesos adelantados en el país y para ello le sería facilitada la documentación necesaria de acuerdo con lo establecido en la legislación nacional y el Estatuto de Roma.
Por su parte, la Fiscalía de la Corte afianzó su compromiso con apoyar el trabajo de Colombia en materia de rendición de cuenta. También reiteró la cooperación para la participación en programas dirigidos a funcionarios jurídicos nacionales para que conozcan los últimos avances de la CPI.
La Fiscalía de la Corte también señaló que, conforme a lo estipulado en el Estatuto de Roma, “podrá reconsiderar su evaluación de la complementariedad a la luz de cualquier cambio significativo de las circunstancias”, como la obstaculización de los procesos o la autenticidad de los casos pertinentes y la aplicación efectiva de sanciones penales de carácter restaurativo y retributivo.
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