
Finalmente ayer el oficialismo no logró conseguir los votos para la media sanción de la modificación de la Ley de Semillas en diputados, que ya cuenta con despacho de comisión aprobado en noviembre de 2018.
Según trascendió, las gestiones para alcanzar los votos se van a profundizar
en las próximas horas, con el objetivo de poder introducir el tema en la sesión que se realizaría el 8 de mayo.
Los representantes de la Fundación Barbechando, -entidad que sigue de cerca las cuestiones agropecuarias en el Congreso de la Nación-, expresaron que las alarmas en la bancada oficialista se encendieron luego de que aparecieran numerosos cuestionamientos al proyecto por parte de las filiales del interior de la Federación Agraria Argentina. Por otro lado, la cúpula de la entidad había expresado el apoyo a la iniciativa de Cambiemos, aunque con la solicitud de introducir cambios al dictamen.
Pablo Torello, diputado nacional de Cambiemos y miembro de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, afirmó que: "El dictamen estaba dentro del temario, y como hay que consensuar los votos, y había dudas en ciertos puntos por parte de alguna de las entidades, decidimos bajar el proyecto hasta el 8 de mayo".
Además Torello, comentó: "Vamos a trabajar estos días para lograr los
consensos definitivos y poder de terminar de darle media sanción a esta ley
que espera el sector. Una de las cosas que no entiendo es por qué damos
tanta vuelta con algo que toda la producción estamos de acuerdo".
Ante los planteos realizados por las bases de la Federación Agraria, el diputado aseguró: "Voy a respetar la institucionalidad, la dirigencia de FAA es elegida por los propios federados, es la palabra autorizada, el resto de las posiciones no tiene validez".
Pero también los integrantes de Barbechando expresaron que la disputa
electoral "puso en jaque la posibilidad de una media sanción de la Ley de
semillas, porque no se trata de resolver cuestiones técnicas, como la
protección del derecho del obtentor, el uso propio, el precio de las regalías o el control, para lograr el apoyo a la ley, sino que es una decisión política, donde cada legislador y cada bloque ponen en juego sus aspiraciones".

Aprobación de otros proyectos
En la sesión de ayer, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó por
unanimidad la postergación hasta el 31 de mayo de 2020 de la Emergencia
Económica para los productores de peras y manzanas de Neuquén, Río Negro, La Pampa, San Juan y Mendoza.
También hubo media sanción para la emergencia para los productores citrícolas de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy y Salta
En la medida para los productores de peras y manzanas, se propone realizar
convenios de facilidad de pago a productores, empacadores, comercializadores y exportadores, como así también a toda otra actividad vinculada directamente con dicha cadena de producción.
También se dispone de convenios de facilidades de pago para la oportuna cancelación de las obligaciones, comprendiendo una tasa de interés de hasta el 1% mensual y abarcarán las obligaciones que se devenguen hasta el 31 de mayo del año que finalice la emergencia. Y por último se suspende el inicio de juicios de ejecución fiscal y los que se encuentren en trámite, quedan paralizados.
Post 'frutazo'
Luego del 'frutazo' realizado el pasado martes, el senador nacional por Entre Ríos, Alfredo De Angeli, se reunió con representantes de los citricultores entrerrianos. De Angeli destacó el rol que tiene esta economía regional, que atraviesa dificultades, "pero que se ha mejorado notablemente en el acceso a mercados y la competitividad", comentó.
Por su parte, los productores plantearon sus dificultades para operar con el Mercado Central de Buenos Aires, el impacto del costo laboral ante el uso intensivo de mano de obra y los problemas de rentabilidad de la cadena.
Y por último los diputados sancionaron con 158 votos afirmativos, 23 negativos y 5 abstenciones, el proyecto que reduce las multas pecuniarias y las agrava para el caso de daño contra el ambiente de la Ley de disposición final de envases vacíos. La iniciativa será girada al Senado para su sanción definitiva.
El proyecto del diputado Pablo Torello, propone cambios en las sanciones que establece la Ley de gestión de los envases vacíos de fitosanitarios -Ley 27.279- para aplicadores, distribuidores, operadores, registrantes, productores y transportistas. Para el caso de las multas pecuniarias, se reducen entre 1 y 1.500 sueldos básicos de la categoría inicial de la administración pública nacional. Es decir, las multas estarían entre los 6.000 pesos hasta 9.000.000.
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