Poder Judicial ordena al Ministerio de Justicia que repare a víctimas de esterilizaciones forzadas

El Poder Judicial, a través del Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional, ordenó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) que implemente una política de reparación integral para las víctimas de esterilizaciones forzadas, que figuran en el Registro Único de Víctimas de Esterilización Forzada (REVIESFO).

Esta indemnización llega veinte años después de que el Congreso de la República de ese entonces concluyera, mediante una investigación, que 314 mil 605 mujeres fueron esterilizadas entre 1996 y 2000, en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, aplicado durante la dictadura de Alberto Fujimori.

La reciente decisión del Poder Judicial surgió por una demanda de amparo el pasado 14 de abril de 2021 por Inés Condori Anaya, María Mogollón, Félix Rojas, Horacio Pacori, Raquel Reynoso y Romy García. El proceso judicial, al ser urgente porque busca reponer derechos, debió durar hasta 6 meses. Pero tardó casi dos años.

Yudith Conto, abogada de la organización Derechos Humanos Sin Fronteras, explicó que la Procuraduría del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos puede apelar la orden judicial, por lo que esperan reunirse durante los próximos días para llegar a un acuerdo y se garantice la reparación.

Hasta ayer, lunes 28 de noviembre, cuando se anunció la orden judicial a favor de las víctimas, el Poder Judicial no había notificado su decisión correctamente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Según la sentencia, en la elaboración de la política de reparaciones para las mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) tendrá que garantizar la participación de las asociaciones de víctimas y las organizaciones que defienden su implementación.

Si este ministerio no apela la orden judicial, las organizaciones defensoras de las víctimas de esterilizaciones forzadas propondrán que la reparación se cumpla mediante el acceso a salud para ellas y a educación para sus hijos o nietos.

Tal como se elaboró para las víctimas indirectas del conflicto armado interno, se pretende que los hijos, sobrinos o familiares de las víctimas de esterilizaciones forzadas tengan facilidades para acceder a educación, pues la mayoría reside en zonas altoandinas y amazónicas, alejadas de los centros educativos.

Otras formas de cumplir la sentencia, propuestas por las demandantes, son la creación de programas de reparaciones simbólicas, de restitución de derechos ciudadanos, de reparaciones económicas y de reparaciones colectivas.

Es posible que el sector Justicia responda que la reparación ya se reconoció mediante la creación del Registro Único de Víctimas de Esterilización Forzada (REVIESFO), pues así lo aseguraron durante el proceso judicial para evitar que les ordenen implementar las políticas de reparación.

Sin embargo, el REVIESFO no garantiza la creación de los programas que las víctimas necesitan. Según el decreto supremo que oficializó su creación, su objetivo es permitir que se ofrezca defensa legal, asistencia psicológica y atención en salud. Pero la abogada Conto señaló que el servicio de salud se incumple en las postas y hospitales.

A pesar de que las víctimas cuentan con una credencial que comprueba su inscripción en el REVIESFO, los médicos no las atienden como deberían hacerlo.

Félix Rojas, director del Centro de Desarrollo Andino Sisay, explicó que este problema radica en que aún no se implementa una mesa de trabajo entre el MINJUSDH y el Ministerio de Salud para asegurar el respeto a la atención especializada en salud para las víctimas de esterilizaciones forzadas.

La atención en salud es la que más requieren las víctimas de esterilizaciones forzadas, pues presentaron problemas de salud luego de que no les informaron las complicaciones posoperatorias de las cirugías que realizaron sin su consentimiento.

Rojas dijo que tras ser esterilizadas ellas realizaron trabajos fuertes, lo que les causó complicaciones de salud. Por esto exigen que los médicos les den un trato especializado.

Con la decisión del Poder Judicial, solo accederían a la reparación las víctimas registradas en el REVIESFO, lo que genera un problema, pues el total de registradas no representa el número real de perjudicadas.

Rojas explicó que en Huancavelica 2.000 víctimas iniciaron el proceso para registrarse, pero solo 70 lograron culminarlo. En Ayacucho, el panorama es similar.

Estas personas no pudieron registrarse porque el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no les informó cómo hacerlo. También porque no adjuntaron pruebas o presentaron testigos para comprobar que fueron víctimas. El estigma y el temor a revelar lo que sufrieron son otras causas.

Para evitar que el Poder Judicial declare fundada la demanda de amparo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) argumentó que no existe pronunciamiento del Estado peruano que establezca como derecho fundamental el derecho a la reparación integral.

Sin embargo, para fundamentar el reconocimiento de reparación integral, la defensa legal de las víctimas de esterilizaciones forzadas citaron el artículo 3 de la Constitución y el Acuerdo de Solución Amistosa del caso Mamérita, en el que el Estado peruano reconoció su responsabilidad en la violación de derechos humanos de esta mujer, cuando la sometieron a una esterilización forzada el 27 de marzo de 1998.

El sector Justicia se negó a implementar la reparación porque no existe una resolución administrativa o norma legal que les ordene a ejecutarla. Otro de sus argumentos fue que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) no determinó responsabilidad internacional del Estado peruano ni ordenó reparación integral por las esterilizaciones forzadas, como sí lo hizo en los casos La Cantuta versus Estado peruano.

Pero estas explicaciones quedaron en segundo plano porque el Poder Judicial consideró que la Carta Americana de Derechos Humanos sí reconoce los derechos a la reparación, restitución, indemnización, rehabilitación y no repetición.

Además, el Estado peruano ha reconocido la reparación de las víctimas de esterilizaciones forzadas mediante recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018 – 2021 y los compromisos asumidos por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos frente a las víctimas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También a través del Decreto Supremo que creó el REVIESFO.

Cabe resaltar que aún siguen en curso varios procesos penales que buscan sanción penal para los denunciados como responsables de las esterilizaciones forzadas, entre los que se encuentran Alberto Fujimori y sus exministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga Recuenco.

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