Dos años sin justicia: Poder Judicial entrampa investigación por muertes de Inti y Bryan

Pacha recuerda a su hermano Inti Sotelo como un joven con ideales solidarios, empático y dispuesto a enfrentar las injusticias. Ya pasaron dos años desde que fue asesinado durante la violenta represión policial del 41 de noviembre del 2020, en medio de las protestas contra el gobierno de facto de Manuel Merino, cuyo breve mandato de cinco días dejó dos muertes y cerca de 200 heridos. Desde entonces, Pacha luchó por preservar la dignidad de la memoria del joven estudiante de los ataques de las hordas de odiadores de las redes sociales que criminalizaron a Inti y a Bryan Pintado, el segundo muchacho asesinado con proyectiles de armas de fuego. Pese al tiempo transcurrido las familias no hallan el consuelo del acceso a la justicia, mientras que los policías procesados continúan impunes.

El padre de Bryan Pintado también vive el duelo por la pérdida de su hijo con la afrenta de procesos judiciales lentos, pues el Poder Judicial aún no determina qué juez verá el caso luego de que la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada señalara que no es competente para ser el juzgado de investigación preparatoria, pues, según su argumentación, este caso no tuvo “repercusión nacional o internacional ni menos que haya lugar a un proceso complejo”. El caso se quedó sin juzgado de investigación preparatoria en una fase clave.

Esto ha sido rechazado por la Fiscalía que investiga a los cuatro mandos policiales Jorge Luis Cayas Medina, Jorge Alberto Lam Almonte, Percy Alberto Tenorio Gamonal, Carlos Villafuerte Salas y otros por la presunta comisión de los delitos de asesinato con alevosía, lesiones graves y leves, y abuso de autoridad en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos.

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El pedido de uno de los investigados

El principal problema del limbo judicial producido por la negativa de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada de asumir la competencia del caso es que esta situación produjo que la Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos suspendiera provisionalmente la investigación a fin de asegurar garantías en las pesquisas, según se conoció en julio de este año. ¿Y esto por qué?

El abogado de la defensa de las familias de las víctimas, Jimmy Sotomayor, del estudio Arbizu & Gamarra, explica que en el modelo procesal peruano no puede llevarse a cabo una investigación preparatoria sin la presencia de un juez de investigación preparatoria, valga la redundancia.

Una especie de “peloteo” entre juzgados inició cuando entre agosto y septiembre del año pasado cuando la defensa del investigado Percy Abel Tenorio Gamonal solicitó a la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima que se le entregue copias gratuitas de la carpeta fiscal que reunía pruebas en su contra.

Entonces, el oficial presentó una tutela de derecho ante el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Crimen Organizado, pero el ente declinó competencia para resolver la incidencia . Posteriormente Tenorio apela y el pedido sube a la Sala de Apelaciones, la misma que no se pronunció sobre el pedido en concreto y señaló que no asumirá competencias sobre el caso en general, según documento fiscal revisado.

En suma, el juzgado especializado pidió que el caso sea devuelto al juzgado de investigación preparatoria para que sea remitida al órgano jurisdiccional competente, sin informar al Ministerio Público de ello, lo que no le permitió formular sus alegatos de oposición, lo que ha dejado como principal consecuencia una pausa indeterminada en la investigación fiscal.

“El Poder Judicial, para mí como padre familia, con esta situación está generando que el acceso a la justicia para nosotros como familiares se obstaculice, no solamente dilatando, porque si la de investigación se ve paralizada es un obstáculo para poder llegar a determinar algún tipo de responsabilidad con las personas que están siendo investigados”, lamenta Óscar Pintado, el padre de Bryan.

A la espera de una respuesta

Ante la situación, la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos, a cargo del fiscal Daniel Alberto Jara Espinoza, presentó un recurso de casación a fin de solicitar a la Corte Suprema de Justicia, presidida por el letrado César San Martín Castro, que ellos definan y digan cuál es el juzgado de investigación preparatoria competente.

A ello se le suman los alegatos presentados por el estudio de abogados que representan a las familias de Inti, Bryan y los heridos, quienes ya fueron notificados sobre el hecho de que la Corte Suprema ya están próxima a fijar la fecha de audiencia para que sea vista esta casación.

Además, Carlos Rivera Paz, también abogado defensor de las víctimas, del Instituto de Defensa Legal, precisó que en septiembre de este 2022 la Corte Suprema señaló que el recurso de casación está bien concedido, es decir, un primer paso favorable a la demanda fiscal.

Trabas y dos años de impunidad

Mientras el recurso de casación se resuelve, en el interín de estos dos años, los deudos también enfrentan el silencio de los policías procesados, quienes, según el abogado, guardan silencio argumentando sus derechos a la defensa y hacen espíritu de cuerpo.

“La Inspectoria General de la Policia sacó un informe en el que intentó archivar el caso, hasta que el año pasado el Tribunal Policial, antes de que se cumpla el año de sus muertes (las de Inti y Bryan) rechazó este archivo y solicitó de oficio que se haga uno nuevo. Ya pasaron ocho meses desde que ese plazo se ha terminado y no se sabe nada del informe y es porque no hay la voluntad política”, advierte Pacha Sotelo.

Además, la Comisión Permanente del Congreso de Perú archivó, a mediados de este 2022, la denuncia constitucional contra el expresidente Manuel Merino y su exprimer ministro Ántero Flores y el exministro del Interior Gastón Rodríguez, luego de que un informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, elaborado por el parlamentario Alejandro Cavero, recomendara archivar la denuncia contra los exfuncionarios como presuntos autores de los delitos de homicidio y lesiones graves y leves.

Esto a su vez provocó que la investigación seguida por la Fiscalía Suprema en contra de los ex altos funcionarios ya no continúe, puesto debido a la magnitud de sus cargos solo el Congreso podía aprobar la continuidad del proceso. “Lastimosamente el informe del congresista Cavero, un informe nefasto, sin argumentación jurídica y más con tinte político ha generado daños y el caso fue archivado”, añade Sotomayor.

Todo ello le ha valido a algunas personas a desprestigiar las protestas del 14N, por lo que los deudos han tenido que enfrentar mensajes de odio a través de las redes sociales y discursos políticos. Aún así el calor colectivo de otros muchos ciudadanos que defienden la imagen de los jóvenes fallecidos les ha brindado una especie de protección y ánimos.

Precisamente este sábado 12, diversas organizaciones sociales se han autoconvocado a una manifestación pacífica a fin de demandar la continuidad de la investigación y reclamar justicia “en memoria de los asesinados” y la vida paralizada de algunos heridos de gravedad.

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