La Junta de Fiscales Supremos respaldó a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, tras presentar una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por el delito de organización criminal en un documento entregado al Congreso, una acción que puede llevar a la suspensión en el cargo del mandatario.
A través de un comunicado publicado este martes, el órgano de gobierno de mayor jerarquía del Ministerio Público avaló la denuncia, que incluye a dos exministros acusados de tráfico de influencias: Juan Silva, extitular de Transportes y Comunicaciones, y Geiner Alvarado, extitular de Vivienda, a quienes se sindica como parte de la organización que supuestamente dirige Castillo desde la presidencia.
“Respaldamos la decisión institucional de la Fiscalía de la Nación de haber presentado la denuncia constitucional contra el señor presidente de la República y otros altos funcionarios, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales”, señaló la misiva.
El Congreso deberá debatir en los próximos días la denuncia que puede conllevar la suspensión de Castillo, para lo cual necesita 66 de los 130 votos de la cámara.
El futuro del mandatario se torna sombrío, ya que la alianza de izquierda que lo apoya en el Congreso solo cuenta con un tercio de los escaños, insuficiente para frenar la suspensión, que conlleva la separación del cargo hasta el final del mandato, en julio de 2026, aunque mantendrá la inmunidad, una figura que no evita que pueda ser investigado.
Seis investigaciones
Castillo acumula seis indagaciones en su contra desde que asumió el poder hace 15 meses. No hay antecedentes de que la fiscalía haya denunciado a un presidente de Perú en ejercicio. Para el presidente, esta denuncia es un intento de golpe y persecución política.
La denuncia fue presentada el mismo día en el que la fiscalía allanó la vivienda de una hermana de Castillo en busca de un sobrino suyo, a quien acusan de pertenecer la presunta banda criminal liderada por el mandatario. En el operativo se registraron también las casas de doce investigados más en la misma causa.
El presidente protestó tras conocer la operación en la vivienda de su hermana, situada en el populoso distrito de San Juan de Lurigancho, en la que se buscaba a su sobrino Gian Marco Castillo Gómez.
La operación incluyó la detención preliminar por 10 días de cinco exasesores gubernamentales de segunda línea. Entre las viviendas y oficinas allanadas figuran las de seis congresistas opositores, supuestamente coludidos con el gobierno.
Este martes, Castillo volvió a atacar a la prensa durante un pronunciamiento dirigido a los licenciados y miembros de las Fuerzas Armadas en Palacio de Gobierno.
“La prensa que tenemos está sesgada, está coludida para mentir con un grupo de poder que no luchó por los verdaderos intereses del país”, expresó el mandatario
También dijo que hay una intención de “forzar la independencia de poderes” y “a trabajadores de Palacio para que digan que están amenazados” por él. También dijo que parlamentarios limeños asisten a provincias a realizar “marchitas para quebrar la institucionalidad”.
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