
El ciudadano Alejandro Sánchez, dueño de la casa del jirón Sarratea donde el presidente Pedro Castillo tuvo reuniones sin dejar registro oficial, fue involucrado en las pesquisas fiscales por haber sido parte del entorno del mandatario. De hecho, se le había dictado detención preliminar como parte de la investigación.
Sin embargo, este viernes se conoció que dicha persona figuraba como fallecido en el sistema del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), pese a que se encuentra prófugo de la justicia y que hace poco se pronunció en redes sociales clamando por su inocencia.
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Para el abogado penalista, James Rodríguez, el investigado habría tratado de evitar la acción de la justicia buscando una inhibición, porque cuando una persona está fallecida no puede ser buscada por la justicia. Todo indica que la finalidad de inscribirse como una persona fallecida en el registro de la Reniec tenía como objetivo “evadir la acción de la justicia”.
Cuando se profundizaron las investigaciones, se dio cuenta que la falsa muerte había sido certificada por un médico en Cajamarca. El traumatólogo identificado como Víctor Raúl Vargas Reyes se mostró sorprendido ya que indicó que no emite este tipo de documentos.
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El gran bonetón
Al respecto, el ministro de Salud, Jorge López, dijo que el programa está a cargo del Reniec. “Nosotros lo usamos pero quien lo administra es Reniec. Nosotros como ministerio estamos en las investigaciones, tomando las evaluaciones al respecto. Hay que ver dónde ha sido vulnerado, si el médico ha dicho que no lo ha firmado”, aseveró.
El titular del Minsa insistió en que los sistemas y la base de datos de su sector “tienen la mejor protección”.
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Por su parte, Reniec informó que se cancelaron los registros en línea que hacen los médicos de defunción. Carmen Velarde, jefa de la entidad, señaló que se han dejado sin efecto las actas de defunción de oficio.
Agregó que Reniec es un sistema electoral por lo tanto es neutral, y es un organismo técnico.
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Investigaciones
Nelson Shack, encargado de la Contraloría General de la República, anunció en redes sociales que han iniciado “investigación sobre el cumplimiento de la legalidad y procesos seguidos para dicha inscripción por el Reniec”.
Al respecto, el abogado penalista Carlos Caro sostuvo que de encontrar a los presuntos culpables estos podrían ser condenados hasta con 10 años de cárcel efectiva.
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