La Defensoría del Pueblo instó al Gobierno de Pedro Castillo a seguir con el reconocimiento del Acuerdo de Escazú, que garantiza los derechos de acceso a la información ambiental y acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
“Solicitamos al Poder Ejecutivo no retroceder en reconocimiento del Acuerdo de Escazú. Tratado internacional tiene por finalidad garantizar los derechos de acceso a la información ambiental y acceso a la justicia en asuntos ambientales”, escribió en su cuenta de Twitter, adjuntando un comunicado.
El órgano constitucional autónomo lamentó que el ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Rodríguez Mackay, se opusiera a este acuerdo que está suscrito por el Estado peruano desde setiembre de 2018 y que está pendiente de ratificación.
La Defensoría del Pueblo recordó que, entre marzo de 2020 y agosto de 2022, se asesinaron a 14 defensores del medioambiente y los derechos de los pueblos indígenas por su oposición “a la minería ilegal, el narcotráfico, el tráfico de tierras, la tala ilegal y delitos conexos”.
El órgano constitucional autónomo manifestó que con este acuerdo se ayudará a “los fines trazados por las Naciones Unidas en la Agenda 2030 que contiene los Objetivos de Desarrollo Sostenible” y el Perú tendrá la opción de ingresar la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que busca “asegurar el acceso oportuno y transparente en materia ambiental, así como facilitar la participación activa y constructiva en el diseño y la implementación de políticas, programas, estrategias y proyectos con incidencia en el ambiente; y mejorar las capacidades de los operadores de justicia con responsabilidad en la aplicación de la legislación ambiental”.
La Defensoría del Pueblo mencionó que 13 estados de la región, entre los que se encuentran Chile, Argentina, Bolivia y Ecuador han ratificado el Acuerdo de Escazú y que dos son países amazónicos; y que junto con Perú “tienen desafíos adicionales en materia de protección de la biodiversidad de la Amazonía y de los derechos de los defensores ambientales, crecientemente amenazados por las actividades ilícitas presentes en dicho territorio”.
“En tal sentido, es de suma importancia que el Estado peruano incorpore el Acuerdo de Escazú al ordenamiento jurídico nacional; en el marco de un proceso de diálogo objetivo y participativo”, concluyó.
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