Congresista Freddy Díaz cesó a trabajadora que lo denunció por violación sexual

El exintegrante de Alianza para el Progreso le retiró la confianza a quien habría sido su víctima.

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Freddy Díaz le retiró la confianza a trabajadora que la acusó de violación sexual.
Freddy Díaz le retiró la confianza a trabajadora que la acusó de violación sexual.

La Comisión de Ética del Congreso reveló que el congresista Freddy Díaz solicitó a Recursos Humanos del Parlamento el cese de quien lo había denunciado por violación sexual. El exintegrante de la bancada de Alianza para el Progreso habría hecho el pedido el mismo día que se puso a disposición de la fiscalía, según un informe del grupo de trabajo a cargo de su caso.

Una publicación del diario La República señala que la presunta víctima ha sido retirada del despacho del congresista Díaz y se espera que pronto pueda firmar un nuevo contrato a fin de que siga laborando en el Legislativo. Si bien se trata de una medida que busca proteger su integridad, hasta el momento el parlamentario acusado continúa asistiendo a las instalaciones del Congreso y trabajando desde ahí.

Un informe de la Secretaría técnica de la Comisión de Ética da cuenta que tras entregar su pasaporte diplomático a la fiscalía, Freddy Díaz “procedió a cesar a su víctima, retirándole su confianza, lo que demostraría una acción de represalia hacia ella por haberlo denunciado. Asimismo, el texto señala que existen indicios suficientes para señalar que el parlamentario “estaría infringiendo la ética parlamentaria”.

Freddy Díaz pidió el cese de quien lo acusó de violación el día que se presentó a la fiscalía.
Freddy Díaz pidió el cese de quien lo acusó de violación el día que se presentó a la fiscalía.

A fin de que el congresista pueda ser rápidamente procesado, la presidenta de la Comisión de Ética, Karol Paredes, instó a Rosio Torres, integrante de la bancada de Alianza para el Progreso y titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que se priorice la denuncia contra el parlamentario acusado de violar a una de sus trabajadoras en su despacho.

Paredes también señaló que si bien Ética puede recomendar la suspensión por 120 días del parlamentario acusado, la Subcomisión a la que pertenece Torres podría recomendar su desafuero. “Todo se ha concentrado en la Comisión de Ética, y nosotros tomamos el tema por oficio; pero hay otros caminos como para poder agilizar el proceso”, agregó.

Sigue en su despacho

El ahora congresista no agrupado Freddy Díaz continúa laborando desde el despacho donde habría violado a su trabajadora. Una publicación del diario El Comercio muestra que entre los primeros días de este mes, Díaz se reunió con su hermano y otras tres personas en las instalaciones del Parlamento en el jirón Azángaro.

Freddy Díaz continúa despachando desde el despacho donde habría violado a su trabajadora.
Freddy Díaz continúa despachando desde el despacho donde habría violado a su trabajadora.

Desde la Comisión de Ética, el congresista Diego Bazán indicó que el parlamentario denunciado continuará laborando en el Legislativo hasta que la comisión presente el informe en el que recomiende su suspensión. En las mismas declaraciones, el integrante de la bancada de Avanza País recalcó que el cargo de congresista es irrenunciable e irrevocable.

“Existe la voluntad de cambiar el reglamento para este tipo de ocasiones, pero no son retroactivos. Significa que no se pueden aplicar en el caso de Freddy Díaz [...] Lo máximo que podemos hacer es suspender por 120 días al congresista, pero sabemos que no será suficiente por la gravedad del asunto”, dijo Bazán a RPP Noticias.

Desde el Ministerio de la Mujer, la titular de dicha cartera, Diana Miloslavich, indicó que acompañarán a la víctima e instó al Poder Judicial y el Ministerio Público a concluir con las investigaciones lo más pronto posible. Además, criticó la difusión de las declaraciones de la víctima alegando que se tratan de dichos que deberían mantenerse en reserva.

Desde el Poder Judicial se dictó 9 meses de impedimento de salida del país para Freddy Díaz. La medida fue determinada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria e impuesta por el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria ante el pedido del Ministerio Público y el allanamiento del parlamentario.

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