
En sesión del Pleno de hoy miércoles 11 de mayo, se debatió y votó por el informe final que propone una acusación constitucional en contra de Martín Vizcarra, en su condición de exministro de Transportes y Comunicaciones. Como consecuencia se propuso inhabilitar al exmandatario para el ejercicio de la función pública por cinco años, por la presunta infracción del artículo 126 de la Constitución.
Al momento de la votación, 67 marcaron a favor de la inhabilitación, 5 en contra y 15 en abstención.
Como se recuerda, la acusación constitucional fue presentada por la excongresista Yeni Vilcatoma, por la presunta infracción del artículo 126 de la Constitución Política del Perú.
En el informe final presentado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales concluye que Vizcarra Cornejo cometió infracción constitucional al artículo 126, en cuanto a la prohibición de intervenir en la dirección o gestión de empresas y asociaciones privadas.
Por ello, propone la sanción de inhabilitación de Martín Vizcarra para el ejercicio de la función pública por cinco años.
OTRA INHABILITACIÓN
En abril del año pasado, Martín Vizcarra también fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo público durante diez años por el Congreso de Perú. La razón fue que se descubrió que el exmandatario se había vacunado contra el COVID-19 en secreto en el 2020.
En esa oportunidad, la decisión la tomó el pleno del Legislativo tras someter a Vizcarra a un juicio político, que se resolvió por 86 votos a favor y sin ningún voto en contra ni abstenciones. El Congreso también inhabilitó durante 8 años a la exministra de Salud Pilar Mazzetti, con 83 votos a favor, y por 1 año a la excanciller Elizabeth Astete, con 82 votos a favor.
Esta decisión impedió que Vizcarra sea parte del Congreso que se instaló el pasado 28 de julio para el período 2021-2026, a pesar de que fue el candidato más votado en las elecciones, con cerca de 164.000 sufragios.
¿Qué ocurre con esta nueva inhabilitación? Según explicó el exprocurador anticorrupción, César Azabache, no se acumulan las penas. “Las reglas parlamentarias no tienen una cláusula, como sí la tiene el Código Penal, que permite sumar condenas cuando existen varias infracciones. A falta de esta regla, lo que corresponde, a mi opinión, es cumplir todas las inhabilitaciones al mismo tiempo”, indicó.
En el caso que la primera inhabilitación se cayera, la otra sigue vigente. Pero por ahora, la de 10 años sigue vigente y será la más importante.
“La declaración de inhabilitación en ese tipo de casos, cuando no hay una regla que indique que se debe cumplir una después de otra, es evidente que las decisiones posteriores son puramente simbólicas”, aseveró Azabache.
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