Pedro Castillo podría enfrentar hasta 30 años de pena privativa de libertad, según exprocurador

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió una investigación preliminar contra el presidente de Perú, Pedro Castillo por los supuestos delitos de colusión y tráfico de influencias que habría cometido al reunirse con empresarios que luego ganaron licitaciones públicas.

Cabe indicar que Ávalos es la única autoridad del Estado autorizada a investigar al presidente según la Constitución peruana. Recordemos que el presidente ya fue interrogado como testigo el pasado 29 de diciembre por la investigación que se le sigue por las presuntas interferencias ejercidas sobre cargos militares para manipular los ascensos en las Fuerzas Armadas.

En esta investigación se incluyen los casos del proceso de adjudicación que ganó el consorcio Puente Tarata III vinculado a la empresa de Karelim López, y por el contrato de Petroperú por la compra de biodiésel por 74 millones de dólares con el empresario Samir Abudayeh.

Al respecto, Luis Vargas Valdivia, exprocurador anticorrupción, comentó en canal N que el presidente solo puede ser denunciado por delitos que expresamente se señalan en la Constitución, y los señalados por la Fiscalía de la Nación no están contemplados.

“Pero esto no obsta para que el presidente sí pueda ser investigado por el Ministerio Público como ha sucedido en otros casos”, dijo.

Respecto a la pena que podría enfrentar Castillo, señaló que por delito de colusión estamos hablando de hasta 15 años de pena privativa, y el máximo de la pena podría ser de 30 años. Señaló que es un caso similar al del presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia.

Vargas Valdivia remarcó que hay que tener en cuenta que estamos en la etapa previa del proceso y se debe determinar elementos que permitan atribuir al presidente un hecho delictivo. La fiscal de la Nación debe recibir la manifestación del mandatario para que ejerza su derecho de defensa. Y le toca a ella coordinar con la fiscalía provincial respecto a las diligencias que se lleven a cabo, y recibir la información de los funcionarios involucrados para determinar si existen elementos para atribuir los delitos.

PROCEDIMIENTO

Romy Chang, abogada penalista, explicó en canal N que la fiscal de la Nación tendrá que volver a tomar la declaración de Pedro Castillo, porque “son otro tipo de preguntas que se le pueden hacer. Él estaba citado con el tema de ascensos, pero acá es por el caso Provías, y sobre eso no se le ha preguntado. Tendrá que responder de manera específica”.

Recordó que en el último mes, la Fiscalía ha intervenido en varias oportunidades la sede de Palacio de Gobierno con la finalidad de recabar información sobre los diferentes casos que involucran a altos funcionarios del Ejecutivo. Pero en esta nueva citación hay otras reglas. Asimismo, dejó en claro que por la investidura de presidente de la República, es la fiscal de la Nación la única legitimada a abrir una investigación contra Pedro Castillo.

Una vez abierta la investigación, ella va a citar a las personas correspondientes para recabar los medios probatorios. Y si encontrase que existen elementos que respaldan su hipótesis inicial de que el presidente habría realizado actos ilícitos, en ese caso Zoraida Ávalos tendría que pasar a un siguiente plano, y solicitar al Congreso de la República una autorización para un antejuicio, para que se le autorice a denunciarlo ante el Poder Judicial, para que proceda con un proceso penal en su contra.

INTENTO DE VACANCIA

Por su parte, el congresista de Perú Libre, Guido Bellido, refirió que estas acusaciones vienen de aquellos que no les interesa el país ni la verdad, y solo quieren sacar provecho. “Los que no han podido ganar en el proceso electoral hoy ponen al país en crisis, para que en el Congreso se presente nuevamente una moción de vacancia contra el presidente. Es gente inescrupulosa que se presta a ello”, apuntó.

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