Keiko Fujimori y su plan contra la delincuencia: dos megapenales, reforma policial, expulsiones y control penitenciario

La inseguridad ciudadana fue uno de los principales asuntos que Keiko Fujimori abordó este 5 de noviembre durante el balance de sus primeros 100 días como presidenta de la República. En un país golpeado por las extorsiones, los asesinatos por encargo y el avance de las organizaciones criminales, la mandataria presentó cifras sobre las acciones ejecutadas por su gobierno y defendió las medidas adoptadas para enfrentar la delincuencia. Sin embargo, también reconoció que los resultados todavía no son suficientes para devolver la tranquilidad a la población.

Durante su mensaje del 5 de noviembre de 2026, Fujimori sostuvo que su administración recibió el país con un promedio de 7,5 crímenes diarios y que, tras los primeros cien días, esa cifra se redujo a 6,5. La jefa de Estado utilizó ese indicador para mostrar un primer resultado de su estrategia, aunque evitó presentar la reducción como una victoria definitiva frente a la criminalidad.

“En seguridad ciudadana, recibimos el gobierno con siete punto cinco crímenes por día. Han transcurrido cien días y hoy registramos seis punto cinco. Falta mucho por hacer”, expresó durante su intervención.

La declaración marcó el tono de su balance en materia de seguridad: presentar las cifras que, según el Ejecutivo, reflejan avances, pero reconocer que el problema continúa siendo uno de los mayores desafíos de su gestión. La mandataria también hizo referencia al impacto de la delincuencia en las familias y a la necesidad de que las acciones del Estado se traduzcan en mayor protección para los ciudadanos.

“Ninguna estadística borra el miedo de una familia amenazada”, señaló Fujimori, al reconocer que los indicadores oficiales no necesariamente reflejan la sensación de inseguridad que experimentan quienes reciben amenazas o viven expuestos a la violencia. En esa línea, insistió en que el Gobierno todavía tiene tareas pendientes y que no ha conseguido derrotar a las organizaciones criminales.

Keiko Fujimori destaca el Comando Unificado con 1.350 efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas

Uno de los principales anuncios de la gestión en este periodo fue la creación del Comando Unificado de Lucha contra la Criminalidad, una instancia que reúne a integrantes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas para ejecutar operaciones contra las organizaciones delictivas.

Fujimori defendió esta estrategia como una de las herramientas centrales de su administración para enfrentar a las bandas que operan en distintas regiones. Según explicó, el comando está integrado por 1.350 efectivos, quienes trabajan bajo una sola conducción para coordinar acciones contra el crimen organizado.

“Creamos el comando unificado: mil trescientas cincuenta efectivos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional bajo una sola conducción contra el crimen organizado”, manifestó la presidenta durante su balance.

La estrategia había sido anunciada en octubre y contempla la participación de personal del Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina de Guerra y unidades especializadas de la Policía. De acuerdo con la información difundida por el Ministerio del Interior, el despliegue incluye 500 integrantes del Ejército, 250 de la Fuerza Aérea, 200 de la Marina, 80 de las Fuerzas Especiales Conjuntas y 320 policías.

La intención del Ejecutivo es concentrar capacidades operativas y de inteligencia para intervenir en zonas priorizadas, ejecutar capturas y debilitar las estructuras que sostienen las actividades criminales. La medida también busca mejorar la coordinación entre instituciones que, hasta ahora, desarrollaban intervenciones desde sus propias competencias.

A esta iniciativa se sumó la creación de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, que, según explicó Fujimori, tiene el encargo de facilitar la coordinación entre las entidades públicas y el sector privado para enfrentar los obstáculos que dificultan la lucha contra la delincuencia.

“Creamos la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para destrabar obstáculos y coordinar con las entidades públicas y el sector privado para luchar contra el crimen organizado”, afirmó.

La mandataria reporta 37 organizaciones criminales y 2.700 bandas desarticuladas

En su exposición, la presidenta también presentó cifras relacionadas con las acciones policiales contra las estructuras delictivas. Entre los resultados que atribuyó a su administración mencionó la desarticulación de 37 organizaciones criminales y 2.700 bandas, además de la captura de 16.325 personas requisitoriadas.

A ello añadió la incautación de aproximadamente 1.300 armas, como parte de las intervenciones destinadas a retirar de circulación los instrumentos utilizados en distintos delitos.

La mandataria también mencionó 1.253 órdenes de expulsión vinculadas a ciudadanos extranjeros. Este punto fue presentado dentro de las acciones del Ejecutivo para enfrentar a quienes, según las autoridades, ingresaron al país o permanecían en él para cometer delitos.

Reforma policial y control de los penales: los otros frentes de la estrategia

Otro de los asuntos que Fujimori incluyó en su balance fue la reforma de la Policía Nacional. La presidenta sostuvo que su Gobierno trabaja en cambios institucionales para fortalecer la capacidad de respuesta de la institución frente al avance de la delincuencia.

El anuncio cobra relevancia en un contexto en el que la ciudadanía exige mayor presencia policial, investigaciones eficaces y respuestas oportunas ante las denuncias de extorsión, sicariato y otros delitos violentos. La reforma, por tanto, representa uno de los compromisos que deberá mostrar avances concretos más allá de los anuncios realizados durante los primeros meses de gestión.

La situación de los establecimientos penitenciarios también ocupó un lugar importante en el discurso. Fujimori mencionó las acciones para recuperar el control de cinco penales: Cochamarca, Ancón I, Castro Castro, El Milagro y Challapalca. La intervención en estos centros penitenciarios forma parte de una estrategia para limitar la capacidad de las organizaciones criminales de continuar coordinando actividades ilícitas desde el interior de las cárceles.

En esa misma línea, la presidenta anunció la construcción de dos megapenales, una medida que apunta a ampliar la capacidad del sistema penitenciario y reforzar el control sobre internos vinculados a delitos de alta peligrosidad.

La problemática carcelaria representa un frente especialmente complejo para el Estado. Las autoridades han advertido sobre el uso de teléfonos y otros equipos de comunicación para coordinar extorsiones y transmitir órdenes hacia el exterior. Por eso, el Gobierno también reportó acciones para retirar infraestructura y dispositivos ilegales de los establecimientos penitenciarios.

Entre los resultados mencionados figuran el retiro de siete torres, 33 antenas y 194 equipos ilegales. Estas intervenciones buscan reducir las posibilidades de que los internos mantengan comunicaciones no autorizadas y utilicen los penales como centros de coordinación de actividades criminales.

Keiko Fujimori incluye la minería ilegal en su balance contra el crimen organizado

La presidenta también incorporó la minería ilegal dentro de las actividades que su Gobierno busca combatir. Durante su exposición, mencionó las intervenciones realizadas en zonas como Pataz, en La Libertad, y Madre de Dios, donde esta actividad se encuentra relacionada con redes económicas y estructuras criminales.

Fujimori informó que las acciones contra la minería ilegal incluyeron la destrucción de maquinaria valorizada en S/876 millones, de acuerdo con las cifras presentadas en su discurso. Asimismo, destacó la recuperación de territorio en la reserva de Tambopata, donde el balance de la transcripción consignó 980 hectáreas recuperadas.

La lucha contra esta actividad no solo involucra la protección ambiental. En distintas zonas del país, la extracción ilegal de minerales está asociada a la presencia de grupos que controlan territorios, movilizan maquinaria, financian operaciones y pueden recurrir a la violencia para mantener sus actividades. Por esa razón, el Ejecutivo la incluyó dentro de su estrategia contra las organizaciones criminales.

Cooperación con el FBI, Bolivia y El Salvador para enfrentar a las organizaciones criminales

En el plano internacional, Fujimori mencionó la cooperación con otros países y organismos especializados como parte de las herramientas para enfrentar a las redes criminales que operan dentro y fuera del territorio peruano.

Entre las coordinaciones destacadas figuraron el trabajo con el FBI y las acciones conjuntas con Bolivia, país con el que se han desarrollado operaciones vinculadas a la búsqueda y captura de personas relacionadas con organizaciones delictivas. La cooperación internacional resulta relevante en casos en los que los investigados cruzan fronteras, utilizan rutas de tránsito en otros países o mantienen vínculos con redes que operan en más de un territorio.

La mandataria también hizo referencia a la cooperación con El Salvador, en el marco de los acercamientos con el Gobierno de Nayib Bukele. Este vínculo fue presentado como una posibilidad para intercambiar experiencias y fortalecer las estrategias de seguridad.

La referencia al modelo salvadoreño aparece en un debate más amplio sobre las medidas que puede adoptar el Perú para enfrentar el crimen organizado. Sin embargo, la aplicación de cualquier estrategia debe responder a la realidad institucional y legal del país, además de garantizar que las acciones contra la delincuencia respeten los derechos fundamentales y los procedimientos judiciales.

Al cerrar el bloque dedicado a la seguridad, Fujimori reconoció que los resultados todavía no permiten afirmar que el país haya superado la criminalidad. La mandataria sostuvo: “No hemos vencido el crimen aún, pero lo enfrentamos con decisión y sin bajar la guardia”.