‘Operación cacería’, el plan del gobierno de Pedro Castillo detrás de la fallida expulsión de 41 venezolanos del Perú

Gobierno peruano trató de echar del país a 41 extranjeros, pero no pudo hacerlo y tuvo que liberar a todos.

Migraciones reveló que 20% de migrantes venezolanos ingresó a Perú solo con cédula de identidad. Foto: ANDINA/Norman Córdova
Migraciones reveló que 20% de migrantes venezolanos ingresó a Perú solo con cédula de identidad. Foto: ANDINA/Norman Córdova

El presidente Pedro Castillo y sus ministros pasaron uno de los momentos más bochornosos del actual gobierno luego que llegaran al Grupo Aéreo N° 8 para encabezar una ceremonia de expulsión de 41 ciudadanos venezolanos que habían sido intervenidos 24 horas antes y que, al parecer, “estaban implicados en diversos hechos delictivos en el país”.

La cita era para las 6:00 a.m., la prensa en expectativa esperaba la llegada del mandatario que encabezaría esta expulsión. Así, Castillo Terrones llegó junto a los ministros Avelino Guillén (Interior), Juan Carrasco (Defensa) y Óscar Maúrtua (Relaciones Exteriores), pero una hora y media después, el evento fue suspendido. Los ministros, uno a uno, se retiraron sin dar declaraciones al igual que el Jefe de Estado.

Se explicó a la prensa que la expulsión no se pudo concretar porque el avión de la FAP, estacionado frente a las cámaras de TV, no contaba con autorización del gobierno venezolano para aterrizar en ese país. Incluso, Pedro Castillo intentó comunicarse con Nicolás Maduro, pero no obtuvo respuesta.

‘OPERACIÓN CACERÍA’

El ministro del Interior, Avelino Guillén, horas después declaró que ninguno de los ciudadanos que iban a expulsar del Perú estaban involucrados en hechos delictivos en el país, tal como su sector lo había asegurado en el comunicado que envió a la prensa.

Lo que sí tenían, según Guillén, eran órdenes de expulsión dadas por Migraciones, por infracciones administrativa como presentar información falsa en los trámites migratorios, ingreso al país son pasar por los controles fronterizos, atentar contra el orden público, entre otros.

De acuerdo al diario El Comercio, desde inicios de mes el Gobierno empezó a presionar a la Policía Nacional “para realizar las expulsiones como sea” por ser una promesa de campaña del gobierno de Pedro Castillo.

Este ‘plan de expulsión’ de los ciudadanos venezolanos ya cuenta con un presupuesto aprobado de 422 mil soles para los gastos que implicaba llevar a un grupo de venezolanos a su país de origen.

El general PNP Martín Parra (segundo en la policía) habría solicitado a Migraciones una lista de venezolanos que podían ser expulsados por no decir la verdad cuando ingresaron al país.

Le entregaron 300 nombres, pero al momento de revisar varios de ellos no cumplían con los requisitos para regresarlos a su país, porque contaban con arraigo familiar o habían pedido refugio.

Sin embargo, la policía detuvo de esa lista a 23 venezolanos la mañana del martes, pero “se pedía que el número fuera mayor”, sostiene El Comercio.

Así, el Escuadrón de Emergencia y de Terna llevó a cientos de venezolanos a la División de Extranjería, quedando solo 41 de ellos.

VENEZOLANOS EN EL MUNDO

Hasta noviembre de 2021, había 4,99 millones de venezolanos refugiados y migrantes en América Latina y el Caribe y 6,04 millones el todo el mundo, según cifras de R4V, la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (establecida por la ONU y la OIM), números que la ACNUR usa en sus reportes.

Colombia y Perú son los países donde la migración venezolana ha superado el millón de personas. En el país cafetero supera el 1.84 millones de refugiados y migrantes, mientras que en nuestro país, la cifra de ciudadanos extranjeros es de 1,29 millones.

La peregrinación de migrantes venezolanos a través de Colombia hacia otros países del continente (como Perú, Ecuador y Chile) y la llegada de muchos otros a sitios más lejanos como Estados Unidos y España es un cuadro común. No obstante, como señala la ACNUR, cientos miles de ellos no tienen documentación ni permiso de permanencia en país alguno de la región, lo que les limita el acceso a derechos y servicios básicos. Todo esto propicia casos de xenofobia, tráfico de personas y explotación laboral, además de violencia y abuso sexual.

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