La pesca con explosivos en la Reserva de Paracas amenaza su biodiversidad marina

Existe un problema que amenaza con la biodiversidad marina en Ica. La Policía de Medio Ambiente ha identificado que un grupo de pescadores artesanales realiza hasta siete jornadas de pesca ilegal y hacen uso de explosivos principalmente, dinamita. Además, también usan redes con chinchorro dentro de la Reserva Nacional de Paracas, en Pisco.

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Los explosivos con dinamita impactan desde 5 a 20 metros a la redonda y de 9 a 20 metros en profundidad. Estos terminan matando a especies para consumo humano como la cita, corvina y lenguado. Gonzalo Quiroz Jiménez, director de esta zona protegida, también expresó que las actividades ilegales ponen en peligro a especies silvestres como delfines y tortugas. Sin embargo, en estas zonas también hay flora silvestre, las cuales también están en riesgo por la dinamita.

Quiroz explicó que, como autoridad, ha intentado formar alianzas con pescadores de cordel de la reserva para detener estas actividades ilegales. “Los hemos nombrado guardaparques comunales voluntarios”, expresó en una entrevista a RPP.

LENTITUD PARA APLICAR LAS SANCIONES

De momento, la policía ha logrado identificar a 16 pescadores que usan dinamita para la actividad de la pesca. Sin embargo, en los últimos dos años, solo fueron detenidos dos personas por este delito, el cual es castigado hasta con cinco años de cárcel de acuerdo al Código Penal.

“Estamos hablando de alrededor de una detención hace diez años de este pescador dinamitero, y ahora último, ya tenemos también una detención por tenencia ilegal de explosivos. Estamos trabajando en una estrategia de disuasión porque lo que no queremos es que se aumente los eventos de pesca, porque la mortandad es irremediable, tener especies en peligro de extinción no se puede, o costaría mucho remediar eso”, agregó Quiroz.

Pese a las normas estipuladas por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y del Ministerio de Producción (Produce), el mecanismo encargado de imponer estas sanciones es lento. Además, hace falta de personal especializado en la Fiscalía, según afirma Harold Castillo Veintimilla, director de la Asociación Pesca Sostenible.

“En la parte administrativa las multas en los gobiernos regionales se procesan sumamente lento, carecen de asesores legales y en muchos casos, por no decir la mayoría, todas las denuncias quedan prescritas antes de haber llegado a una sanción. Además, las fiscalías especializadas y la policía en materia ambiental no cuentan con logística ni con suficiente personal para poder apersonarse de inmediato a las playas para capturarlos en flagrancia, y estas personas siguen operando desde hace décadas de manera totalmente impune y cada vez con mayor intensidad y generando un mayor impacto al ecosistema”, indica Castillo.

80% DE LOS PESCADORES TRABAJAN DE MANERA INFORMAL

En Pisco hay al rededor de 1,500 pescadores artesanales, de los cuales el 80 % opera en la informalidad. Este escenario favorece a la deficiente fiscalización. Además, las autoridades de Produce y la dirección regional del sector no han pasan de las mesas de conversaciones técnicas a la acción, por lo que no se muestran resultados concretos.

Por otro lado, en agosto, el Concejo Regional emitió una ordenanza regional para defender las cinco millas marinas de la zona en cuestión. Se ha instalado un comité integrado por diversas instituciones; sin embargo, el director de Producción de Ica, Elder Agüero Rospigliosi, reconoce que no es suficiente.

“Estamos aproximadamente doce personas, entre el ministerio de la Producción que tiene sus fiscalizadores y la dirección regional de la producción. No es suficiente, claro que no, también estamos coordinando con el Ministerio de la Producción para ver la posibilidad que puedan incrementar a los colegas que se encuentran en la zona, así como a nosotros a nivel del Gobierno Regional, para que nos puedan dar más personas que puedan hacer esta actividad”, señaló.

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