El Cockroach Janta Party (CJP), movimiento juvenil opositor conocido como las Cucarachas, anunció este domingo que llevará sus protestas a todo el país hasta que dimita Gyanesh Kumar, jefe de la Comisión Electoral de India. El anuncio llega un día después de que la policía detuviera en Nueva Delhi a sus tres líderes, que ya han sido liberados con medidas cautelares.
Ashutosh Ranka, colíder del movimiento, afirmó en una rueda de prensa que la lucha “acaba de empezar” y que las movilizaciones no se limitarán a la capital. El CJP está dirigido por Ranka, Saurav Das y el fundador, Abhijeet Dipke. Los tres estuvieron más de 24 horas bajo custodia.
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Se les concedió la libertad con una condición: no alterar la paz durante un año. Los dirigentes rechazan el planteamiento y sostienen que participar en una protesta pacífica es un derecho constitucional. Dipke viajó después a Maharashtra para asistir al funeral de su abuela, fallecida mientras él estaba detenido.
El activista denunció malos tratos de la policía de Delhi, a la que acusa de haberle negado llamadas a su familia y a su abogado. Según su relato, los agentes le despertaron a las 3.30 de la madrugada para que notificara el arresto a sus padres. La policía no ha respondido públicamente a esas acusaciones.
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El Tribunal Supremo intervino este domingo. Ordenó que no se produzcan detenciones ilegales y pidió al Gobierno, por medio del procurador general Tushar Mehta, que el metro y los trenes funcionen con normalidad y que no se interrumpa internet, siempre sujeto al orden público. También dispuso que abogados y periodistas puedan trabajar sin obstáculos y que se revisen las barricadas. Emitió además una notificación al Ejecutivo.
Sobre el terreno, el dispositivo de seguridad continuó desplegado. La policía detuvo de forma preventiva a al menos 100 personas que intentaban concentrarse cerca de Jantar Mantar, el espacio tradicional de protesta en la capital. El sábado, la jornada de los primeros arrestos, se cerraron 45 estaciones de metro y mercados y se suspendió el internet móvil en el centro de negocios. Algunas fuentes elevan a unos 2.000 los detenidos ese día.
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El Partido Popular Indio (BJP), en el Gobierno, calificó al CJP de “brazo armado” de la oposición y lo acusó de responder a “fuerzas extranjeras”. El ministro de Defensa, Rajnath Singh, advirtió de que “sembrar la anarquía no es un derecho de nadie”. Dipke replicó que los agentes son “matones en uniforme” al servicio del ministro del Interior, Amit Shah.
Una revisión censal en el centro de la disputa

El origen de la protesta está en la Revisión Intensiva Especial (SIR, por sus siglas en inglés) de los censos electorales, que la Comisión Electoral aplica para depurar votantes fallecidos, duplicados o inelegibles. Los manifestantes y varios partidos opositores sostienen que el proceso beneficia al BJP y que influyó en comicios estatales recientes. La Comisión y el BJP niegan cualquier irregularidad, y Kumar no ha hecho declaraciones.
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La tensión se agravó pocos días antes de la protesta. El diario Indian Express informó de que dos comisionados electorales habían cuestionado las revisiones de Kumar, que eliminaron cerca de 130 millones de nombres de los censos. La oposición ya había planteado en agosto de 2025 una moción para destituirlo, y Kumar respondió entonces que la Comisión trata por igual a todos los partidos.
Destituirlo es difícil. Exige un procedimiento parlamentario formal y una mayoría especial en ambas cámaras, que la oposición no tiene.
Del escándalo de los exámenes a la calle
El CJP nació como una sátira política. Su nombre parodia el del BJP y el movimiento ganó visibilidad con las protestas por las filtraciones en exámenes de acceso universitario. Aquellas movilizaciones culminaron con la dimisión del ministro de Educación, que los seguidores del grupo celebraron como una victoria.
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Los líderes del CJP compararon el cierre de transportes y las detenciones del fin de semana con el estado de emergencia de 1975, impuesto por el Gobierno de Indira Gandhi. Aquel período, que se prolongó hasta 1977, es en India sinónimo de suspensión de libertades civiles, y la analogía busca situar la actuación policial en esa tradición.
El pulso entre un movimiento sin estructura partidista y un Estado que combina fuerza policial, bloqueos y un discurso de seguridad se juega ahora en dos frentes. El primero es el cumplimiento de la orden del Supremo. El segundo es si la protesta logra convertir una disputa técnica sobre censos en una presión política sostenida contra el árbitro electoral.
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