Defensora del Pueblo Iris Marín criticó orden de Abelardo de la Espriella de deportar inmigrantes irregulares: “No es delito”

La defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, volvió a cuestionar la orden del presidente Abelardo de la Espriella de identificar y deportar a extranjeros con situación migratoria irregular en Colombia, al advertir que esa población conserva sus derechos fundamentales sin importar su estatus jurídico.

Luego de que el miércoles 9 de septiembre ella se refirió a la medida fue anunciada el 23 de agosto, durante un consejo de seguridad en Barranquilla, y que plantea operativos coordinados entre Migración Colombia y la Policía, Marín compartió algunas aclaraciones luego de que se difundieron sus declaraciones iniciales, en las que afirmó que “lo importante es saber que las personas migrantes tienen derechos”.

“Aquí una precisión: hay que garantizar los derechos humanos de todas las personas, también las migrantes, independientemente de la situación jurídica en la regularización en el país”, inicia la publicación de la funcionaria vía X la noche del jueves 10 de septiembre.

Marín se mostró a favor de luchar contra la criminalidad, uno de los principales retos para la administración de De la Espriella. No obstante, ella recalcó que esto “es un objetivo legítimo y necesario del Gobierno, sin embargo, la acción de persecución del delito de parte de las autoridades no puede basarse en el origen nacional”.

En el mismo mensaje, la defensora del Pueblo reafirmó que “la irregularidad en la situación migratoria NO es delito”, y que “las infracciones administrativas al régimen migratorio deben tramitarse por esa vía, la administrativa (no la penal)”.

Sobre este anuncio, que en su mayoría tiene en zozobra a miles de venezolanos que no han logrado regularizar su estatus migratorio en el país, Marín recordó que “las personas migrantes pueden tener necesidades de protección internacional (haber salido de sus países por persecución política o necesidades socioeconómicas extremas). Eso ocurrió a muchas personas de origen venezolano en nuestro país”.

Al final de su publicación, la funcionaria hizo hincapié en que “confundir la situación migratoria con el delito estigmatiza y genera discriminación”, y que “perseguir a un grupo de personas por su origen nacional constituye xenofobia”.

De acuerdo con lo que ha mencionada hasta el momento el presidente De la Espriella, la prioridad serán los extranjeros presuntamente vinculados con actividades delictivas; después, quienes no hayan regularizado su permanencia en el país.

La instrucción se produce mientras Colombia mantiene una migración venezolana sostenida. De acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados, Acnur, para 2025 podrían residir hasta tres millones de venezolanos en territorio colombiano.

Marín Ortiz señaló que no existen documentos oficiales que corroboren la petición presidencial, pero pidió que las eventuales actuaciones estatales respeten las garantías de los migrantes.

“Lo importante es saber que las personas migrantes tienen derechos. Sobra decir, los derechos humanos son de todas las personas, y las personas migrantes también tienen derechos, independientemente de la situación jurídica que tengan la regularización en el país”, expresó Marín en sus declaraciones del miércoles 9 de septiembre.

Dos venezolanos detenidos en Itagüí podrían ser los primeros expulsados tras nueva directriz migratoria

Dos ciudadanos venezolanos detenidos en Itagüí podrían convertirse en los primeros extranjeros expulsados de Antioquia bajo la política migratoria anunciada por el presidente Abelardo de la Espriella a finales de agosto.

Los hombres integran un grupo de cuatro ciudadanos extranjeros capturados durante un operativo en ese municipio del Valle de Aburrá. De acuerdo con el alcalde de Itagüí, Diego Torres, las personas fueron detenidas por presuntos incumplimientos de la legislación colombiana.

El mandatario local indicó que el procedimiento contó con la participación de Migración Colombia, la Policía Nacional, el Ejército y el Gobierno de Estados Unidos.

“Logramos la captura de cuatro ciudadanos extranjeros, de ellos venezolanos, que están incumpliendo la ley colombiana”, declaró Torres.

Migración Colombia debe definir si ordena la expulsión

La eventual expulsión aún no se concretó. Migración Colombia deberá revisar el estatus de cada detenido, completar el trámite administrativo y determinar si existen causales legales para aplicar la medida.

La expulsión constituye una medida administrativa y no equivale a una condena penal.

Sumado a lo anterior, Torres anunció que los operativos continuarán en distintos sectores de Itagüí para identificar a extranjeros con irregularidades migratorias o vinculados con infracciones a la ley. “Esas personas que no quieran convivir con las leyes colombianas no pueden estar en el territorio”, afirmó.

La orden presidencial fue impartida el 23 de agosto

La directriz surgió durante un consejo de seguridad realizado el 23 de agosto de 2026 en Barranquilla. De la Espriella ordenó a Migración Colombia y a la Policía iniciar procedimientos contra extranjeros relacionados con delitos o con permanencia irregular en el país.

“El orden a Migración es clara: que empiecen los operativos coordinados con la Policía de Barranquilla para dar con los inmigrantes ilegales”, dijo el presidente, quien señaló que la prioridad serían las personas investigadas por delitos.

Colombia recibió en los últimos años a millones de venezolanos, parte de los cuales accedió al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos.

El programa contempla el Permiso por Protección Temporal, que permite regularizar la permanencia y acceder a servicios, siempre que se cumplan los requisitos.

Migración Colombia recordó en septiembre que quienes tengan pendiente el retiro de ese documento disponen de 60 días para reclamarlo.