Un tramo de playa administrado por monjas desde 1946 quedó en el centro de una disputa en Italia después de que el municipio de Spotorno resolviera someterlo a licitación pública. La decisión pone en riesgo la continuidad de un balneario cuyos ingresos financian una escuela infantil y un campamento de verano, según informó el periódico británico The Guardian.
El conflicto involucra 50 metros de arena gestionados por la orden Suore di Carità di Santa Maria -Hermanas de la Caridad de Santa María-, que durante décadas explotó ese espacio con un régimen especial vinculado a fines benéficos. Las religiosas sostienen que, si pierden la concesión, también quedará comprometido el sostenimiento de esas actividades sociales en el pueblo.
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Una concesión histórica bajo revisión
Las monjas administran el balneario desde 1946, cuando quedaron exentas de las reglas comerciales comunes porque los recursos obtenidos se destinaban a fines benéficos. Desde entonces, alquilan reposeras y sombrillas bajo un esquema similar al de miles de concesiones privadas que operan sobre la costa italiana.
La congregación sostiene que la diferencia está en el destino de esos fondos. Según su planteo, la actividad del establecimiento no solo cubre gastos operativos, sino que también permite sostener servicios comunitarios en la ciudad, entre ellos una escuela infantil y un campamento estival para chicos.
Durante un debate público, la religiosa sor Miranda, de más de 80 años, cuestionó la decisión del municipio. “Es nuestro”, dijo, en declaraciones citadas por el diario local Corriere della Sera. Luego preguntó por qué la municipalidad quiere quitarles la playa y advirtió que, si eso ocurre, tampoco podrán mantener abierta la escuela.
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De acuerdo con The Guardian, el cambio de escenario surgió porque la regulación que contemplaba el uso de playas para misiones sociales ya no está vigente. A partir de esa modificación, el gobierno local comunicó que la concesión será reclasificada como una “playa libre equipada”, una figura que altera el sistema de explotación del predio.
El municipio exige una licitación abierta
El alcalde de Spotorno, Mattia Fiorini, informó a la orden religiosa que, si quiere continuar al frente del balneario, deberá presentarse a una licitación pública en igualdad de condiciones con otros aspirantes. El concurso, según precisó el jefe comunal, se publicará en otoño.
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El funcionario sostiene que la medida busca adaptar la situación local tanto a las normas regionales sobre cupos de playa libre como a la legislación europea sobre concesiones costeras. Para el municipio, la continuidad automática del permiso ya no encuadra dentro del marco regulatorio vigente.
La modificación también impacta sobre la rentabilidad del lugar. Las monjas argumentan que operar el predio como playa libre equipada implicaría ingresos menores, porque el acceso debe ser gratuito y los visitantes solo abonan una suma reducida si deciden alquilar reposeras o sombrillas.
Ese esquema, según la congregación, pone en riesgo la continuidad de las actividades financiadas con la recaudación de la temporada. El conflicto dejó de ser un expediente administrativo y pasó a exponer la tensión entre las reglas de competencia y la continuidad de una obra social con larga presencia en el pueblo.
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Un caso local dentro de una disputa nacional
La controversia se inserta en un debate más amplio sobre el peso de las concesiones privadas en gran parte del litoral italiano. El plan impulsado por Fiorini podría convertir a Spotorno en uno de los primeros municipios en cumplir el plazo del 30 de junio de 2027 fijado para someter esas licencias a concursos públicos.
Ese límite surge de la directiva Bolkestein de la Unión Europea, una norma que exige competencia abierta para este tipo de permisos. Durante dos décadas, distintos gobiernos italianos resistieron esa obligación por la presión de empresarios del sector, preocupados por perder negocios que suelen resultar rentables.
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El gobierno de la primera ministra de Italia Giorgia Meloni terminó por aceptar ese calendario en medio de presiones de Bruselas y de fallos judiciales internos, según consignó The Guardian. En ese escenario, el caso de las religiosas de Suore di Carità di Santa Maria ganó visibilidad porque combina una disputa legal con un efecto directo sobre servicios sociales del ámbito local.
La licitación prevista para otoño marcará el próximo paso del conflicto. Hasta entonces, la congregación buscará defender su continuidad en una playa cuyo rendimiento, según sostiene, resulta clave para mantener la escuela infantil y el campamento de verano que todavía funcionan en la ciudad.
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