Se reveló el testimonio de adolescente que disparó contra Miguel Uribe Turbay: “Solo me dijo que había unos escoltas”

El primer aniversario de la muerte de Miguel Uribe Turbay halló a las autoridades sin rastros del adolescente que, días antes del atentado, se ofreció a relatar cómo se planeó el crimen. El joven, de 17 años, se presentó en la Fiscalía dispuesto a revelar detalles de la logística y la planificación, pero su testimonio solo abrió más interrogantes sobre la red criminal y la posible complicidad interna.

La investigación por el magnicidio de Uribe Turbay ha identificado a la Segunda Marquetalia como la organización que ordenó el ataque. Sin embargo, aún persisten vacíos en el esclarecimiento del papel que jugaron los integrantes del círculo de seguridad del político y la participación de grupos delictivos de Bogotá.

En información revelada por Semana, el adolescente, identificado como E. J. M. M., relató que fue un amigo el que lo conectó con Élder José Arteaga, alias Chipi, cabecilla de una “oficina” dedicada al sicariato. “Chipi me dice que había un trabajo de unos cuantos millones y me muestra la foto de una persona y me dice que a él le tocaba matarlo”, declaró el joven, según consta en el expediente judicial. En ese momento, no sabía que la víctima sería el precandidato presidencial.

La información aportada por el testigo incluyó un dato clave: “Solo me dijo que había unos escoltas que estaban de parte de Chipi, que al hacer esta vuelta me daba 20 millones de pesos”. El adolescente sostuvo ante la Fiscalía que un grupo de WhatsApp era el canal para coordinar la operación, compartir ubicaciones y rutinas del senador, y debatir posibles escenarios para el ataque.

De acuerdo con lo revelado por el medio de comunicación ya mencionado, las autoridades han confirmado que durante meses se realizaron seguimientos a Uribe Turbay. Parte de la información sobre sus movimientos y su entorno llegó por medio de personas cercanas al propio esquema de seguridad, pero la investigación no ha avanzado en este frente.

El adolescente también señaló la presencia de los “sayayines” del Bronx y la implicación de un hombre llamado Erick Josué en la obtención de armas y la vigilancia previa al crimen. A pesar de aportar estos nombres y roles, ninguno fue judicializado por los hechos.

De acuerdo con lo declarado, la banda planeaba atentados no solo contra el senador, sino también contra varios objetivos en Bogotá y Soacha. Entre los señalados como miembros del grupo figuran alias el Hermano y alias Gabriela, quienes, junto con “Chipi”, operaban desde el occidente de la ciudad.

Al narrar los pormenores del ataque frustrado, el testigo explicó: “En ese grupo enviaron cosas del atentado del senador, como ubicaciones, cosas de lo que hacía el senador (...) ellos le tenían ubicada la casa y una camioneta. Decían que cerca de la casa tenía que pasar por un camino o callejón. Que él siempre tenía que pasar por ese pasillo o caminito, por si la vuelta no la podían hacer en el salón del barrio Villa Amalia, de Engativá”.

La declaración también incluyó la descripción de una llamada entre Elder José Arteaga Hernández “Chipi” y alguien guardado en su teléfono como “escolta senador”. “Chipi hablaba muy poco de esa persona, pero decía que la información del senador la estaba sabiendo por alguien de ellos”, afirmó el joven. Según su relato, presenció una breve comunicación en la que se mencionaron manifestaciones, sin más detalles.

Pese a la magnitud de lo revelado, las pesquisas sobre la posible colaboración de uniformados y personal del esquema de seguridad han sido insuficientes. Un informe reciente de la Procuraduría insistió en que se debe profundizar sobre los “pagos a la organización” realizados por un miembro de la escolta y sobre la entrega de “información privilegiada” que facilitó el ataque.

Al cumplirse un año del magnicidio, el proceso judicial ha tenido avances, como la condena a 21 años de prisión para alias Harold, pero persiste la incertidumbre sobre la red de cómplices y la fuga del testigo clave. La Justicia Penal Militar cerró el proceso contra el entonces jefe de seguridad de Uribe Turbay, tras admitir la preclusión por omisión.

El adolescente desapareció la misma noche en que debía continuar su declaración, tras haberse fugado del centro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). Hasta la fecha, no se conoce su paradero ni se han obtenido nuevos testimonios de igual contundencia sobre la estructura detrás del crimen.

En suma, la investigación por el asesinato de Miguel Uribe Turbay ha encontrado obstáculos insalvables y cabos sueltos. El relato del joven, que pudo haber sido decisivo para esclarecer la trama, permanece como una pieza incompleta en el expediente de uno de los magnicidios más graves de la historia política reciente del país.