La ola xenófoba en Sudáfrica dispara expulsiones y salidas masivas de extranjeros

Sudáfrica atraviesa una crisis migratoria sostenida por semanas de violencia xenófoba: más de 35.000 extranjeros fueron repatriados o expulsados desde el 7 de junio, y miles más intentaban abandonar el territorio este viernes, según la Autoridad de Gestión de Fronteras.

Grupos antimigración exigieron la salida de todos los indocumentados antes del 30 de junio. El ultimátum derivó en marchas por varias ciudades, algunas de las cuales terminaron en saqueos y enfrentamientos que dejaron al menos cuatro personas muertas —dos mozambiqueños, un etíope y un malauí— y más de 900 arrestados, según la policía sudafricana.

La presión sobre los puntos de salida no cede. Unas 11.000 personas aguardaban cerca de la ciudad fronteriza de Musina para completar los trámites de egreso, según el medio público SABC. Los retornos se coordinan principalmente a través de Beitbridge, donde convergen la Embajada zimbabuense, el gobierno sudafricano y el Departamento de Protección Civil de Zimbabue.

Solo ese país contabiliza más de 56.000 retornados desde finales de mayo: 47.252 partieron por sus propios medios y 9.221 con asistencia estatal, según Joshua Chibundu, responsable regional de Inmigración. El cruce opera además como corredor de tránsito para ciudadanos de Malaui que deben atravesar territorio zimbabuense para llegar a su destino.

En Durban, las autoridades desalojaron un refugio que llegó a albergar hasta 10.000 personas, aunque cerca de 1.000 migrantes más se presentaron al lugar solo durante esa jornada. Ghana, Nigeria, Uganda, Kenia, Mozambique y Malaui también organizaron repatriaciones voluntarias para sus ciudadanos.

La urgencia se traduce en relatos concretos. “Después del 30 de junio, la gente de mi barrio empezó a decir que matarían a todos los extranjeros. Pensé que tenía que irme antes de que me mataran", contó Musa Hashimi, malauí de 32 años que trabajaba en una fábrica textil. Fahida Kazembe, compatriota suya embarazada de 8 meses, también debió partir antes de lo previsto. “Anoche, nuestra casera dijo que ya no podíamos seguir viviendo en su casa”, relató.

La escalada llevó al presidente Cyril Ramaphosa a autorizar el despliegue de 3.405 miembros de la Fuerza de Defensa Nacional (SANDF) desde el 28 de junio, con un costo estimado de 54,6 millones de rands (3,37 millones de dólares). Los grupos antimigración prometieron continuar con marchas semanales para presionar a las autoridades.

El ministro en la Presidencia, Khumbudzo Ntshavheni, advirtió que los grupos movilizados no pueden continuar "yendo puerta por puerta exigiendo documentos de identidad a ciudadanos extranjeros". El gobierno condenó los ataques, aunque sostuvo su derecho a frenar el ingreso clandestino.

Los convocantes atribuyen a los extranjeros el desempleo, las deficiencias en los servicios públicos y el aumento de la delincuencia, y en algunos casos les vedaron el acceso a atención médica y educación. Según científicos sociales, esas afirmaciones carecen de respaldo: la población llegada de otros países ronda los 3 millones de personas, aproximadamente el 4% del total, según StatsSA.

Este tipo de violencia tiene antecedentes en el país. El más grave ocurrió en 2008, con más de 60 fallecidos; en 2019 se registró otro que dejó al menos 18.

(Con información de AFP, EFE y Reuters)