Estados Unidos sancionó a nueve personas y 26 empresas vinculadas a una red de estafas con sede en Camboya

Estados Unidos amplió el martes las sanciones contra un grupo de ciberestafa con base en Camboya, sumando a la lista a nueve personas y una red internacional de 26 empresas. La acción responde al crecimiento de Camboya como centro de operaciones para organizaciones criminales involucradas en esquemas de relaciones románticas falsas e inversiones fraudulentas en criptomonedas, donde tanto estafadores voluntarios como víctimas de trata engañan a usuarios globales.

Las sanciones recién anunciadas tienen como objetivo a Hu Xiaowei, señalado como el segundo al mando de Prince Group, y a socios radicados en Hong Kong, que, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, gestionan una “red de empresas” vinculadas a los fraudes. Dentro de la lista figuran 11 empresas con sede en el Reino Unido.

La medida fue adoptada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidenses.

Ante la presión de países como Estados Unidos y Gran Bretaña, las autoridades camboyanas aseguraron estar intensificando las acciones contra este tipo de delitos. Chen Zhi, fundador de Prince Group y de origen chino, fue extraditado por Phnom Penh a China en enero, luego de que su conglomerado fuera sancionado meses atrás por los gobiernos estadounidense y británico por su supuesta participación en estafas cibernéticas.

El impacto de las medidas alcanza también a dos inversores de los centros fraudulentos de Prince Group, a Dai An, identificado como líder de alto nivel, y a otros presuntos implicados en operaciones de blanqueo de dinero para la organización. Entre las compañías sancionadas figura la cadena hotelera tailandesa White Horse Hotel Management Group.

El Departamento de Estado detalló que “los autores de estas estafas, entre los que se incluyen delincuentes vinculados a Corea del Norte, han utilizado el Grupo Huione —incluidas Huione Pay y H-Pay— para transferir y blanquear activos procedentes de las estafas”. Estas nuevas restricciones complementan las medidas emitidas en octubre del año pasado contra 146 personas y entidades relacionadas con Prince Group.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos estima que, solo en 2024, ciudadanos estadounidenses perdieron al menos 10.000 millones de dólares en estafas perpetradas desde el sudeste asiático. Estas organizaciones emplean técnicas variadas, siendo una de las más frecuentes el engaño a víctimas para que inviertan en combinaciones de activos digitales reales y falsos.

El lunes pasado, la Policía de Japón arrestó a un alto dirigente del conglomerado Prince Group, señalado por Washington como líder de una de las mayores redes de fraude digital y trata de personas en el sudeste asiático.

El detenido, Hu Shi, es ciudadano chipriota de 44 años, nacido en China, y fue arrestado el 14 de junio por presentar una notificación fraudulenta de cambio de domicilio, según informó la agencia de noticias japonesa Kyodo.

Las autoridades japonesas también detuvieron a dos ciudadanos chinos de 31 y 36 años, empleados de una empresa en Tokio, bajo sospecha de falsificar el registro de residencia de Hu. Ambos negaron los cargos, de acuerdo con la cadena de televisión NHK.

Por su parte, el pasado 8 de junio, Amnistía Internacional (AI) señaló que Camboya no logró “desmantelar” los centros de estafas digitales ni “proteger y apoyar a las miles de víctimas de trata, tortura y esclavitud”, en contradicción con la versión oficial y la campaña de cierres promovida por el gobierno de Nom Pen. El grupo de derechos humanos, con sede en Londres, denunció que las redadas, difundidas en el marco de una estrategia de propaganda estatal, resultaron insuficientes tanto en la identificación y cierre de los centros como en la protección a las víctimas.

AI informó que identificó 33 nuevos centros de estafas digitales en el último año, lo que eleva el total de 53 en 2025 a 86 en 2026. Solo encontró evidencia de intervención estatal en 24 complejos, mientras que la versión oficial sostiene que el gobierno actuó contra más de 250 lugares.

“La gestión del gobierno camboyano sobre su campaña contra las estafas ha sido cuidadosamente planeada para la imagen pública, pero detrás de cada titular sobre una redada o detención en un complejo, hay supervivientes de esclavitud, tortura y violación que apenas reciben apoyo”, declaró la codirectora regional de Amnistía Internacional, Montse Ferrer.

(Con información AFP)