La Unión Europea decidió congelar indefinidamente alrededor de USD 230.000 millones en activos pertenecientes a Rusia que ya estaban bloqueados por las sanciones aplicadas desde el inicio de la invasión a Ucrania.
El nuevo marco establece que los activos permanecerán inmovilizados hasta que finalice la guerra de agresión lanzada por Rusia y se compensen los daños causados, tal como han reclamado los líderes europeos desde la cumbre del pasado octubre.
Con este paso, los Veintisiete establecieron el marco legal necesario para dirigir esos recursos a la reconstrucción de Ucrania cuando exista consenso político para hacerlo.
El acuerdo evita la obligación de renovar la congelación cada seis meses, un procedimiento que dependía de decisiones unánimes y que quedaba expuesto a los vetos de gobiernos con vínculos cercanos a Moscú.
Hungría y Eslovaquia habían obstaculizado renovaciones anteriores y mantenían señales de que podían volver a hacerlo. Para la Comisión Europea, eliminar ese riesgo resulta clave porque los activos solo pueden respaldar proyectos de reconstrucción si permanecen bloqueados de manera indefinida.
“Los líderes se comprometieron a mantener los activos inmovilizados hasta que Rusia compense los daños causados. Hoy hemos cumplido ese compromiso”, expresó el presidente del Consejo Europeo, António Costa.
Según fuentes diplomáticas, la propuesta recibió el apoyo de 25 países y dos votos en contra. Con ese respaldo, la Comisión podrá utilizar la base legal del artículo 122, que permite decisiones urgentes cuando la estabilidad económica de la Unión se encuentra en riesgo.
Bruselas argumentó que la guerra en Ucrania afecta directamente la seguridad energética y financiera del bloque, lo que justifica el uso de estos poderes. Esta vía también evita la intervención del Parlamento Europeo, algo que permite avanzar con mayor velocidad.
La iniciativa, sin embargo, no autoriza de inmediato la transferencia de los activos a un fondo para Ucrania. Esa decisión requiere un acuerdo separado que aún enfrenta la resistencia de Bélgica, donde se concentra la mayoría de los recursos congelados.
Bruselas sostiene que el uso de poderes de emergencia podría generar represalias de Rusia y que no existe suficiente claridad sobre los mecanismos para proteger al sistema financiero europeo. El debate se trasladará a la cumbre de líderes de la próxima semana, donde la Comisión buscará el apoyo político que todavía falta.
La discusión en el seno de la UE se ha vuelto una de las más sensibles desde el inicio de la guerra. Ucrania necesita financiamiento urgente para cubrir sus compromisos básicos y planificar la reconstrucción de infraestructura crítica.
El bloque analiza la posibilidad de crear un préstamo respaldado por los activos rusos, una fórmula que el Ejecutivo comunitario considera viable solo si los fondos permanecen congelados de forma permanente. La Comisión ha defendido que, si los activos se vinculan a un préstamo, ese instrumento garantizará recursos estables a Kiev sin transferir directamente la propiedad del dinero.
El artículo 122 ya había sido utilizado en crisis previas, entre ellas la pandemia de COVID-19, para adoptar decisiones económicas rápidas. Para Bruselas, su aplicación actual responde a la necesidad de salvaguardar la estabilidad del mercado europeo. La invasión rusa provocó disrupciones en el comercio, aumentos en los precios de la energía y presiones inflacionarias, lo que llevó al bloque a buscar mecanismos excepcionales para gestionar los impactos.
La posibilidad de destinar los activos a Ucrania continúa rodeada de controversias legales. Algunos gobiernos señalan que la utilización de fondos estatales de un país tercero podría enfrentar impugnaciones en tribunales internacionales. Otros Estados miembros consideran que la magnitud de los daños en Ucrania justifica medidas extraordinarias. La Comisión sostiene que la inmovilización permanente no implica una expropiación y que cualquier decisión adicional deberá ajustarse al derecho internacional.
(Con información de EFE)
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