La principal formación opositora surcoreana aseguró este martes que buscará presentar cuando antes una moción para destituir a Han Duck-soo, primer ministro que ejerce como presidente interino del país, ante su negativa a ratificar dos investigaciones especiales sobre el destituido presidente Yoon Suk-yeol y la primera dama, Kim Keon-hee.
“Comenzaremos de inmediato los procedimientos de destitución contra el presidente interino y primer ministro, Han Duck-soo”, afirmó el líder del grupo parlamentario del liberal Partido Democrático (PD) al inicio de una reunión de la Ejecutiva de la formación.
La reunión se inició poco después de que el Gabinete no incluyera en su agenda de este martes la revisión de dos iniciativas del PD aprobadas en el Parlamento para designar a fiscales especiales que investiguen la declaración de ley marcial realizada el pasado 3 de diciembre por Yoon -al que el hemiciclo ya destituyó el 14 de diciembre y que ya está siendo investigado a cuenta del estado de excepción- y para indagar sobre múltiples supuestos casos de corrupción en torno a Kim.
“No hay otra forma de interpretar esto que (como una táctica) para ganar tiempo y prolongar la insurrección”, añadió el jefe de la bancada del PD, haciendo referencia al supuesto y grave delito por el que se investiga a Yoon.
El PD ya insinuó el fin de semana que, si no se aprobaban esos dos proyectos de ley, podía apostar por buscar el despido de Han, una posibilidad que incrementaría la crisis política en la que está sumido el país desde principio de este mes.
En todo caso, no está claro qué plazos baraja el PD para presentar una moción de destitución ante el hemiciclo, ya que podría optar por esperar a ver si Han decide ratificar pronto los nombramientos de los magistrados propuestos por el Parlamento para cubrir las vacantes del Tribunal Constitucional, que debe deliberar ahora si hace firme o no el cese de Yoon.
En caso de que el máximo tribunal ratifique la destitución del presidente por su declaración del estado de excepción la ley establece la convocatoria de elecciones presidenciales en un plazo máximo de 60 días posteriores al fallo del tribunal.
Queda por ver también si Han, que el jueves se reúne con los líderes del PD y del partido gobernante en un órgano consultivo creado para mejorar la estabilidad institucional tras la destitución de Yoon, podría tratar de buscar en este foro un consenso que contente a todas las partes.
Entretanto, el asesor legal del presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, consideró este martes “poco probable” que su cliente se presente ante el equipo especial que investiga su imposición de la ley marcial del pasado 3 de diciembre y que lo ha citado para interrogarlo este miércoles.
“Vemos poco probable que acuda mañana”, dijo el abogado, Seok Dong-hyeon, a medios locales, insistiendo además en lo que ya había comentado en la víspera acerca de las prioridades de su representado.
“El presidente cree que el juicio político ante el Tribunal Constitucional debe tener prioridad (frente a las investigaciones criminales), ya que la Asamblea Nacional (Parlamento) ya ha iniciado todo el proceso”, explicó Seok.
A Yoon -al que se le ha prohibido salir del país- y a otros miembros de su Gabinete, altos cargos policiales y militares y exmilitares se les está investigando en relación con la declaración de la ley marcial por presuntos delitos de amotinamiento, abuso de poder o insurrección.
Este último es el más grave de ellos y puede suponer el arresto de Yoon, ya que ni siquiera la inmunidad presidencial prevalece en casos de insurrección, un delito que, en lo que respecta a aquellos considerados líderes de un levantamiento, implica cadena perpetua o pena de muerte (sobre la cual existe una moratoria en Corea del Sur desde 1997).
El letrado Seok ya puso el lunes como ejemplo lo acaecido con la destituida presidenta Park Geun-hye, que no comenzó a ser investigada por la trama de corrupción que condujo a su caída y posterior encarcelamiento hasta que el Constitucional ratificó su cese.
De momento, Yoon ya faltó a una primera citación para ser interrogado la semana previa, y los servicios de seguridad presidencial han hecho todo lo posible para rechazar las convocatorias enviadas por Fiscalía o el equipo especial que forman el ente anticorrupción, la policía y el Ministerio de Defensa.
(Con información de EFE)
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