La Fiscalía surcoreana envió una segunda citación para que el presidente, Yoon Suk-yeol, declare en la investigación sobre la declaración de ley marcial que realizó a principio de mes y advirtió que si decide no presentarse antes del 21 de diciembre, estudiará solicitar una orden de arresto.
El equipo especial que investiga los sucesos del pasado 3 de diciembre envió la convocatoria el lunes, según informó este martes la agencia Yonhap citando fuentes cercana al asunto.
El envío de esta segunda solicitud se produce después de que el mandatario no acudiera el domingo a una primera cita para ser interrogado por la Fiscalía, que le había enviado la convocatoria el pasado 11 de diciembre.
Si Yoon acude a la cita, será el primer presidente surcoreano que comparece ante los investigadores estando aún en el cargo y, del mismo modo, si la Fiscalía decide solicitar una orden de arresto, el mandatario podría acabar siendo el primer jefe de Estado en ejercicio del país asiático en resultar detenido.
Yoon fue destituido el sábado por el Parlamento con los votos de al menos 12 diputados de su formación, el gobernante y conservador Partido del Poder Popular (PPP), y sus funciones las ejerce ahora de manera interina el primer ministro, Han Duck-soo.
Sin embargo su futuro depende ahora de lo que decida el Tribunal Constitucional, que tiene un máximo de seis meses para determinar si el presidente violó o no la Carta Magna al implementar la ley marcial y si, por lo tanto, debe ratificarse su cese o debe ser restituido en el puesto.
Una portavoz del tribunal indicó que los jueces prevén una audiencia preliminar para el 27 de diciembre, pero que la presencia de Yoon no es necesaria.
Al mismo tiempo, el equipo conjunto -formado por la Policía, la Oficina Anticorrupción para altos cargos, y la unidad de investigación del Ministerio de Defensa- que investiga a Yoon de forma paralela, le envió este lunes al presidente una convocatoria para comparecer a otro interrogatorio este miércoles.
A Yoon, al que se ha prohibido salir del país, así como a otros miembros de su Gabinete -como el ex ministro de Defensa, Kim Yong-hyun, que permanece en prisión preventiva- y altos cargos militares y policiales se les investiga por presuntos delitos de amotinamiento, abuso de poder o insurreción.
Este último es el más grave de ellos y puede suponer el arresto de Yoon, ya que ni siquiera la inmunidad presidencial prevalece en casos de insurrección, delito que, para aquellos a los que se considera líderes del levantamiento, se salda con cadena perpetua o pena de muerte (sobre la cual exista una moratoria en Corea del Sur desde 1997).
La destitución de Yoon ha polarizado a la sociedad surcoreana. Las protestas multitudinarias en Seúl se han convertido en un escenario de enfrentamientos entre quienes exigen su destitución definitiva y aquellos que lo respaldan. Los manifestantes de ambos bandos han prometido mantener la presión durante el tiempo que duren los procedimientos judiciales en la Corte Constitucional.
Entretanto, el líder del gobernante Partido del Poder Popular (PPP), Han Dong-hoon, ofreció su renuncia este lunes.
“Me disculpo sinceramente con todas las personas que han sufrido a causa del incidente de la ley marcial de emergencia”, expresó durante una conferencia de prensa en Seúl, tomando distancia de los hechos mientras manifestaba apoyo a la destitución de Yoon.
(Con información de EFE y AFP)
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