Las políticas represivas de China contra la población Uigur han alcanzado un nuevo nivel de gravedad, según un informe del Atlantic Council que evalúa los casi nueve años de detenciones masivas en Xinjiang. Rayhan Asat, asesora principal en política y derecho y líder del China Project en el Strategic Litigation Project del Atlantic Council, registra múltiples violaciones contra los uigures, entre ellas desapariciones forzadas, torturas, persecución transnacional y restricciones a los derechos reproductivos.
El informe también señala la explotación económica de las familias de los detenidos y el uso de trabajo forzado, prácticas que se enmarcan dentro de lo que califican como una estrategia de limpieza étnica.
En octubre, un medio estatal chino difundió un video de propaganda donde dos prisioneros políticos uigures, Gulmira Imin y Zulpiqar Rozi, aparecían confesando delitos que, según el Atlantic Council, probablemente no cometieron. Ambos fueron detenidos tras las protestas uigures de julio de 2009 y permanecieron desaparecidos durante 15 años. Las confesiones forzadas son una táctica habitual del gobierno chino para desacreditar a los disidentes políticos, asegura Asat.
Cifras alarmantes de detenciones
Según un análisis del Programa de Estudios sobre Genocidio de Yale, coelaborado por Asat, los uigures, que constituyen menos del 1% de la población china, representan el 34% de las encarcelaciones en el país, la mayor tasa de prisón étnica en el mundo.
Más de 500.000 uigures permanecían encarcelados en 2022, y se estima que las políticas de Beijing podrían costarle a esta comunidad 4,4 millones de años de vida colectiva. El informe advierte que las cifras reales podrían ser hasta más altas, ya que el régimen chino ha restringido el acceso a datos actualizados desde 2022.
Investigaciones publicadas en noviembre por The New York Times revelaron la cooperación entre China y Tailandia para la repatriación forzada de refugiados Uigures, una violación directa del derecho internacional. Decenas de ellos murieron tras ser devueltos a China, mientras más de 60 permanecen detenidos en Tailandia en condiciones precarias.
La cuestión de las Naciones Unidos
En un informe publicado en 2022, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) advirtió que las políticas de China en Xinjiang podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, el régimen chino ha negado permitir inspecciones significativas en la región, proyectando una imagen engañosa de sus acciones.
Esta falta de acceso efectivo ha llevado a renovados llamados para que las Naciones Unidas y los gobiernos de todo el mundo aborden las violaciones a los derechos humanos y el genocidio contra el pueblo Uigur.
Después de dos años de intentos de diálogo bajo los términos impuestos por China, el 27 de agosto de este año, Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, presentó una actualización sobre la crisis en Xinjiang.
El Atlantic Council asegura que la evaluación sin embargo confirmó lo que ya era conocido: las autoridades chinas siguen negando a los organismos internacionales un acceso significativo a la región, desafiando las solicitudes formales de la ONU.
La falta de medidas concretas por parte de la comunidad internacional ha generado frustración entre defensores de los derechos humanos como Rayhan Asat, quien enfatizó que “el mundo no puede permanecer pasivo” y que “la ONU tiene la responsabilidad de actuar conforme a las recomendaciones que ha formulado y exigir rendición de cuentas”.
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