Informe revelado por concejal de Bogotá pone bajo la lupa presuntas irregularidades en negocio de $2,4 billones de El Campín y Sencia

El concejal de Bogotá Juan David Quintero radicó ante organismos de control un informe de más de 70 páginas que plantea presuntas irregularidades en la Asociación Público-Privada (APP) de El Campín, un proyecto cuyo valor estimado se acerca a $2,4 billones.

El documento solicita investigar posibles conflictos de interés, cambios contractuales, condiciones financieras y la supervisión del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd). Quintero entregó el material a la Personería de Bogotá, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación.

Según el concejal, las entidades deben establecer si hubo advertencias previas sobre eventuales incompatibilidades, quiénes conocieron el expediente y qué decisiones tomaron antes de la firma del contrato con Sencia S.A.S.

El negocio de $2,4 billones incluye usos comerciales e inmobiliarios

La APP concede a Sencia el desarrollo, operación, mantenimiento y explotación económica del complejo de El Campín. La iniciativa contempla un nuevo estadio, además de auditorio, hotel, oficinas, comercios, parqueaderos y espacios para eventos.

El valor de casi $2,4 billones corresponde al tamaño proyectado de la inversión y del negocio, no a un detrimento patrimonial ya establecido. La tesis del informe es que una concesión de esa magnitud habría sido estructurada con condiciones que podrían resultar favorables para los privados y poco convenientes para Bogotá.

Quintero sostuvo que la ciudad “privilegió un negocio especulativo” y pidió a los órganos de control revisar las pruebas reunidas por su equipo. También solicitó al alcalde Carlos Fernando Galán medidas frente al equipo directivo del IDRD mientras avanzan las indagaciones.

El informe cuestiona el paso de un exasesor del Idrd a Sencia

Uno de los puntos centrales se refiere a Jaime Luque Ramírez, que, según la información citada, fue asesor de la dirección de APP del Idrd hasta el 16 de mayo de 2019. La propuesta inicial de prefactibilidad para transformar El Campín fue dirigida a Luque el 21 de diciembre de 2018, cuando figuraba como “Director APP” de la entidad.

El documento señala que, en junio de 2024, Luque aparecía como representante legal suplente de Sencia. El Idrd firmó el contrato con esa sociedad el 7 de junio de ese año y, posteriormente, Luque remitió pólizas de la concesión al Instituto como representante legal de la empresa.

Para el concejal, los hechos podrían encajar en una incompatibilidad prevista en el Código General Disciplinario. La norma citada prohíbe de manera indefinida asesorar asuntos privados cuando un exservidor conoció directamente de esos asuntos durante sus funciones públicas. La eventual aplicación de esa regla dependerá de determinar el grado de participación de Luque en el trámite y el acceso que tuvo a información o decisiones sobre el proyecto.

Los pagos y la contraprestación concentran los reparos económicos

El informe también cuestiona un pago de $26.101 millones por costos de estructuración que Sencia habría hecho a APP CDEC, originador de la iniciativa y accionista vinculado al concesionario. Según el documento, una minuta publicada antes de la adjudicación condicionaba ese reconocimiento a que el originador no resultara ganador, pero esa condición habría desaparecido del contrato definitivo.

El Idrd ha sostenido, de acuerdo con el informe, que no hubo recursos públicos comprometidos porque el pago se realizó entre empresas privadas. El cuestionamiento de Quintero apunta a que la obligación se habría incorporado a un contrato estatal y habría beneficiado al grupo que obtuvo la concesión.

Otra crítica se dirige a la contraprestación para el Distrito. El contrato fija un pago equivalente al 1% de los ingresos brutos, aunque solo 0,2% quedaría en una subcuenta de libre destinación del Idrd; el resto se distribuiría entre mecanismos para riesgos y solución de controversias.

El documento calcula que en 2025 la contraprestación total causada fue de cerca de $390,8 millones, sobre ingresos brutos implícitos por $39.086 millones. De esa suma, alrededor de $78,1 millones habrían quedado disponibles para el Instituto.

El Otrosí No. 1 y la venta accionaria deberán ser revisados

El informe incluye reparos al Otrosí No. 1, suscrito en julio de 2025, que habría cambiado la ingeniería inicial: en lugar de reconstruir el estadio por tribunas sobre la huella actual, permitiría levantar un nuevo escenario en otra zona del predio y mantener en funcionamiento el existente durante las obras.

El cambio elevó la capacidad contractual a 50.000 asistentes y modificó la solución de parqueaderos. Quintero plantea que las autoridades deben definir si la modificación alteró sustancialmente el objeto adjudicado y requería un nuevo proceso de selección.

Asimismo, el reporte menciona la compra del 51% de Sencia por parte de Corficolombiana por unos $85.949 millones. La transacción no prueba por sí misma una irregularidad, pero el informe pide verificar las reglas sobre cambio de control, la permanencia de quienes acreditaron experiencia y los beneficios obtenidos antes de que el nuevo estadio esté construido.

Las autoridades deberán establecer si existen faltas disciplinarias, fiscales, penales o contractuales. Entre tanto, Quintero pidió llamar a Luque a esclarecer su actuación y examinar la legalidad de las decisiones adoptadas durante la estructuración, adjudicación y ejecución de la APP.

Cabe señalar que el informe no determina responsabilidades ni equivale a una decisión judicial, fiscal o disciplinaria. Los señalamientos se presentan como hipótesis que deberán ser contrastadas por las autoridades con contratos, estudios, comunicaciones internas y demás documentos del proceso.