A los pocos días de la muerte de Mahsa Amini tras ser detenida por la Policía de la moral por no llevar bien puesto el velo islámico comenzaron a aparecer por las calles de Teherán mujeres con la cabeza descubierta, y fue inevitable preguntarse: ¿y el hijab?
“Es mi forma de protestar”, dijo entonces a EFE una mujer que caminaba sin el velo por el centro de Teherán poco después de la muerte de Amini el 16 de septiembre de 2022, que desató unas protestas que sacudirían el país durante meses.
Al grito de “mujer, vida, libertad” muchos iraníes se echaron a las calles, protestaron en universidades o colegios y quemaron velos para mostrar su rechazo a la República Islámica, que respondió con una represión que provocó 500 muertos, miles de detenidos y la ejecución de siete manifestantes.
Un año más tarde, la República Islámica no ha podido reimponer totalmente el uso de una prenda que considera un símbolo innegociable, y muchas iraníes continúan sin cubrirse como gesto de desobediencia civil ante un sistema político que consideran opresivo.
Estos gestos de desafío se producen a pesar de una represión que recurre a las confiscaciones de coches, la negación de servicios públicos, el cierre de negocios, castigos como limpiar cadáveres o el despliegue de patrullas que advierten a las mujeres de que se cubran.
“Anormales”, “virus”, “enfermedad social” o “depravación sexual” son algunos de los términos a los que han recurrido las autoridades para referirse a las mujeres que no usan el velo.
“Es mi decisión cubrirme o no”, dice a EFE una empresaria de mediana edad, a la que llamaremos con el nombre ficticio de Maryam para mantener su anonimato.
En el establecimiento que regenta en la capital iraní permite la presencia de mujeres sin velo, prenda que ella misma no usa, algo que supone un delito.
“Que me cierren el local unos días, no pasa nada”, asegura en tono desafiante.
Medidas represivas
Durante meses, la República Islámica se centró en sofocar las protestas desatadas por la muerte de Amini y en abril, una vez controlada la revuelta, volvió su mirada a la reimposición del velo, obligatorio en el país desde 1983.
Como primer paso, la Policía iraní anunció el uso de cámaras y herramientas inteligentes para identificar en lugares públicos a mujeres que no usan el hijab, una medida ahora puesta en duda ya que expertos creen que el país no dispone de la tecnología necesaria para ello.
Lo que sí se llevó a cabo fue la identificación de mujeres conduciendo sin velo, gracias a las matrículas de los coches, y la confiscación del vehículo a las reincidentes.
Ese fue el caso de Tina, una mujer de Teherán de 39 años, a quien le confiscaron el coche por conducir descubierta y le llevó 15 días recuperarlo tras el pago de una multa.
A pesar de ello, sigue sin usar el hiyab y cuelga en sus redes sociales fotos de cómo planea salir a la calle “vestida a la occidental”, es decir sin velo, mangas cortas y vaqueros.
Patrullas de vigilantes
A mediados de julio, las autoridades dieron un paso más con el despliegue de patrullas para advertir a las mujeres que “llevan ropas extraordinarias” o “insisten en romper las normas” y que se han vuelto omnipresentes en lugares con un alto tráfico a pie.
Ataviadas con el tradicional chador, el rostro tras una mascarilla y acompañadas por dos policías, las encargadas de imponer el velo se limitan a llamar la atención a mujeres descubiertas sin tomar más acciones.
En las interacciones que EFE observó en las calles de Teherán, algunas de las mujeres se pusieron el velo con gesto serio, muchas se lo quitaron unos metros adelante, y otras ignoran la advertencia.
Endurecimiento de la ley
Pero el régimen quiere ir más allá con el “Proyecto de Ley de Apoyo a la Cultura de la Castidad y el Hiyab” que tiene como objetivo endurecer las penas por la falta de uso de la prenda islámica, que prevé penas de cárcel de hasta cinco años, la prohibición de conducir y acceder a servicios bancarios, entre otros castigos.
“El proyecto de ley puede describirse como una forma de apartheid de género, ya que las autoridades parecen gobernar a través de una discriminación sistemática con la intención de someter a las mujeres y niñas a la sumisión”, afirmó un grupo de expertos de la ONU acerca de la legislación que está siendo estudiada en el Parlamento.
(Con información de EFE)
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