Francia vivió una nueva jornada de violentas protestas en las calles, la cuarta consecutiva por el poder adquisitivo, los servicios públicos y la situación educativa, con enfrentamientos al final de la marcha en París y una intervención policial en Lyon.
El Ministerio del Interior registró 46.000 manifestantes en París. La intersindical estudiantil ofreció un recuento diferente y elevó su cálculo a 250.000 participantes a nivel nacional, incluidos 75.000 en la capital.
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Las autoridades francesas calcularon que 146.000 personas participaron en las protestas del sábado en todo el país, incluidas 46.000 en París. La intersindical estudiantil presentó una estimación mayor, con 250.000 manifestantes a nivel nacional y 75.000 en la capital.
En París, los asistentes avanzaron desde la plaza de la República con música de la Orquesta del Nuevo Mundo y cánticos como “El pueblo unido jamás será vencido” y la Marsellesa. La protesta llegó a la plaza de la Nación, donde un grupo de unas 200 personas se enfrentó al final de la jornada con las fuerzas de seguridad.
Las protestas comenzaron a finales de septiembre, cuando estudiantes de secundaria denunciaron las condiciones en sus establecimientos. Después se incorporaron universitarios, docentes y otros sectores sindicales.
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Los llamados chalecos amarillos convocaron una concentración separada en la plaza de la Concordia, cerca del Palacio del Elíseo y de la Asamblea Nacional, pese a que las autoridades la prohibieron. Benjamin Ball, integrante de la coordinación del movimiento, llamó antes de la jornada a desafiar la medida: “Llamamos a la desobediencia masiva”.
Un centenar de personas acudió al lugar, donde un amplio operativo policial impidió el acceso al área restringida. Unas 30 personas realizaron una sentada que los agentes disolvieron; identificaron a los participantes y les impusieron multas de 135 euros.
La Policía también actuó frente al hotel Crillon y detuvo a Ball y a la portavoz Azelma Sigaux cerca de la Asamblea Nacional. Durante la mañana, efectuó más de 840 controles en estaciones ferroviarias de París y sus suburbios interiores.
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El Gobierno movilizó unos 70.000 integrantes de las fuerzas de seguridad en todo el país. El dispositivo respondió al temor de nuevos episodios de violencia después de los disturbios del 17 de octubre, cuando algunas movilizaciones derivaron en los incidentes más graves registrados en Francia durante los últimos años.
En Lyon, la Policía lanzó gases lacrimógenos para dispersar a varios cientos de personas que bloquearon una calle del centro durante una concentración no autorizada. También se registraron marchas en Marsella, Burdeos y Lille.

Bajo este contexto, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, pidió a las autoridades mantener el despliegue. “El riesgo es exactamente el mismo que los sábados anteriores”, declaró. Además, reclamó “no bajar la guardia” ante posibles incidentes dispersos y advirtió: “Si hay alborotadores o saqueadores, estaremos preparados y los esperaremos”.
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La respuesta policial recibió cuestionamientos por denuncias de uso excesivo de la fuerza. Se abrieron decenas de investigaciones internas por presuntos abusos contra manifestantes. Tras varios episodios de violencia aparente contra periodistas que cubrían las protestas, una agencia internacional pidió el viernes protección para sus reporteros.
La atención quedó puesta en la reunión prevista para el lunes entre el primer ministro Sébastien Lecornu, los sindicatos y las organizaciones patronales, en la que abordarán salarios y poder adquisitivo. En una carta dirigida a los interlocutores sociales, Lecornu aseguró que tomó en cuenta las demandas sindicales y las preocupaciones empresariales.
Esa tarde, el jefe de Gobierno recibirá a representantes de estudiantes secundarios y universitarios para tratar sus reclamos y la reforma de Parcoursup, la plataforma de acceso a la universidad. El Ejecutivo prevé presentar este mes sus recomendaciones: adelantó 500 nuevos puestos docentes, un límite de 28 alumnos por aula en el segundo curso de secundaria y 15.000 plazas adicionales en la enseñanza superior. La plataforma incorporará cambios desde 2027 antes de su sustitución en 2028.
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Sin esperar el resultado de la reunión del lunes, la intersindical educativa convocó una nueva jornada de huelga y movilizaciones para el martes 10 de noviembre. Las organizaciones estudiantiles, docentes y del personal educativo señalaron que mantendrán la presión para exigir mayores recursos para la enseñanza.
(Con información de AFP y EFE)
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