En el marco de las reiteradas denuncias que se han presentado en el último tiempo por la deportación forzada de miles de niños ucranianos a Rusia desde el inicio del conflicto bélico, el Kremlin anunció este martes estar dispuesto a devolver a estos menores a sus familias.
La comisionada rusa para los Derechos del Niño, Maria Lvova-Belova, afirmó que su oficina avanzará con este proceso de restitución a las familias, siempre y cuando sea solicitado por Kiev. En ese sentido, agregó que -de momento- “ningún representante de las autoridades ucranianas” sobre los niños deportados se ha puesto en contacto con ella por lo que los instó a iniciar los diálogos: “Escríbanme (...) para encontrar a sus hijos”.
Irina Vereschchuk, viceprimer ministra de Ucrania, denunció recientemente que Rusia bloquea “reiteradamente” el regreso de menores ucranianos que fueron deportados forzosamente al territorio enemigo.
La deportación forzosa constituye un crimen de guerra y ha sido una táctica empleada en reiteradas oportunidades por las autoridades de Moscú, desde febrero de 2022. Según datos proporcionados por la oficina del presidente Volodimir Zelensky, más de 16.000 niños han sido “secuestrados” en este poco más de un año de guerra.
Sin embargo, la ONG Human Rights Watch dio cuenta de un centenar de internados con más de 32.000 menores que quedaron bajo control de los rusos y un reciente informe asegura que por lo menos 380 huérfanos ucranianos están viviendo con familias de acogida rusas.
Moscú sostiene que estas prácticas son una manera de “salvar” a estos niños que quedaron envueltos en los combates y asegura que cuenta con mecanismos y procedimientos establecidos para reunirlos con sus familias una vez que éstas sean identificadas y que sea seguro el intercambio.
Cabe resaltar que en mayo Putin firmó un decreto que facilita la concesión de la ciudadanía rusa a algunos menores y, según aseguran funcionarios de Kiev, estos niños reciben la nacionalidad rusa, aunque conservan la ucraniana.
No obstante, esta versión no ha sido aceptada por organismos internacionales que han festejado que el pasado 17 de marzo la Corte Penal Internacional emitiera una orden de arresto contra Vladimir Putin y Lvova-Belova por este crimen.
Según indicó el documento difundido semanas atrás, el Tribunal sostiene que los funcionarios son “presuntamente responsables del crimen de guerra de deportación ilegal de la población (niños) y del traslado ilegal de población (niños) de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa”.
Asimismo, los fiscales aseguraron tener “motivos razonables para creer que cada sospechoso es responsable del crimen de guerra”.
Tras la emisión de la orden, Putin y su comisionada han quedado prácticamente presos en el país ya que son muy pocos los países a los que podrían ingresar sin riesgo a ser detenidos. En cambio, son 123 las naciones que conforman el Estatuto de Roma y que están obligadas a ejecutar su detención, de presentarse en su territorio o sobrevolarlo.
En un esfuerzo por mantener su versión, la funcionaria rusa comentó que, desde el 29 de marzo, 16 menores de nueve familias han sido reunidos con sus parientes ucranianos aunque, desde su despacho, se negaron nuevamente a publicar una lista completa de los niños en su poder.
(Con información de AFP)
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