El Consejo de Seguridad de la ONU llamó al restablecimiento de la democracia en Myanmar y pidió la liberación de los detenidos

El Consejo de Seguridad de la ONU realizó un enérgico llamado al regreso a la democracia en Myanmar y pidió la liberación inmediata de la líder del partido depuesto, Aung San Suu Kyi, y todos los detenidos arbitrariamente por el ejército durante el golpe de Estado.

En su primera declaración sobre el derrocamiento del gobierno por parte de los militares, el organismo más poderoso de las Naciones Unidas “destacó la necesidad de defender las instituciones y los procesos democráticos, abstenerse de la violencia y respetar plenamente los derechos humanos, las libertades fundamentales y el estado de derecho”.

“Los miembros del Consejo de Seguridad enfatizaron la necesidad de un apoyo continuo a la transición democrática en Myanmar”, indicó el cuerpo en un comunicado, que se refirió a la imposición por parte de los militares de un estado de emergencia al que no llaman golpe.

Los quince miembros del consejo también alentaron “el diálogo y la reconciliación de acuerdo con la voluntad y los intereses del pueblo de Myanmar”.

Además de pedir la liberación inmediata de la consejera de Estado Suu Kyi y el presidente Win Myint, el consejo expresó su preocupación “por las restricciones impuestas a la sociedad civil, los periodistas y los trabajadores de los medios”.

La declaración se emitió dos días después de que el consejo celebrara una reunión de emergencia a puertas cerradas para discutir la toma del poder por parte de los militares en vísperas de la primera reunión del nuevo Parlamento del país.

Los militares justificaron el golpe diciendo que el gobierno no había actuado sobre sus afirmaciones infundadas de fraude en las elecciones de noviembre en las que el partido de Suu Kyi arrasó en la votación y los militares lograron malos resultados.

Desde entonces, Suu Kyi ha sido puesta bajo arresto domiciliaria, acusada de posesión de walkie-talkies importados ilegalmente, lo que conlleva una sentencia máxima de tres años, según su partido.

En la reunión del martes, Christine Schraner Burgener, enviada de la ONU para Myanmar, instó al consejo a garantizar que “la democracia se restaure rápidamente” en la nación del sudeste asiático. El consejo no tomó ninguna medida inmediata porque China, un vecino cercano de Myanmar, y Rusia dijeron que necesitaban consultar a sus capitales. La agencia oficial de noticias china Xinhua describió el lunes los hechos como una “importante remodelación del gabinete”.

La declaración del consejo emitida el jueves reiteró un fuerte apoyo a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, conocida como ASEAN, y dio la bienvenida a una declaración de su presidente.

Brunei, que preside el grupo regional de 10 naciones, incluido Myanmar, emitió un comunicado el lunes en el que señaló que los principios del bloque incluyen “la adhesión a los principios de la democracia, el estado de derecho y la buena gobernanza, el respeto y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

La declaración alentó “la búsqueda del diálogo, la reconciliación y el regreso a la normalidad de acuerdo con la voluntad y los intereses del pueblo de Myanmar”. Sin embargo, no menciona ninguna acción de la ASEAN para tomar la iniciativa para devolver al país a una vía democrática.

La reacción más enérgica contra la toma de posesión de los militares provino del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien pidió el miércoles aumentar la presión internacional para restaurar la democracia.

“Haremos todo lo posible para movilizar a todos los actores clave de la comunidad internacional a que ejerzan suficiente presión sobre Myanmar para asegurarnos de que este golpe fracase”, dijo el jefe de la ONU en una entrevista en Washington Post Live.

También él pidió la liberación de todos los detenidos, el regreso al orden constitucional y la unión de la comunidad internacional.

La declaración del Consejo de Seguridad también hizo mención a la difícil situación de los rohingyas y aludió a una declaración presidencial de noviembre de 2017 en la que condenaba la violencia generalizada en la región de Rakhine y expresaba grave preocupación por las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad de Myanmar contra esa minoría musulmana. De hecho, distintas entidades han calificado a las acciones como genocidio o limpieza étnica.

Una operación de contrainsurgencia realizada por el ejército de Myanmar en 2017 que involucró violaciones masivas, asesinatos y el incendio de aldeas llevó a más de 700.000 musulmanes rohingya a la vecina Bangladesh.

El Consejo de Seguridad reiteró el jueves la necesidad de “abordar las causas profundas de la crisis en el estado de Rakhine y crear las condiciones necesarias para el regreso seguro, voluntario, sostenible y digno de las personas desplazadas”.

Con información de AP

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